Ley de Plástico presenta retrocesos a 7 años de vigencia

La Ley de Nº 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, presenta retrocesos en su implementación, debido a la falta de aprobación de cuatro reglamentos técnicos a cargo del Ministerio de la Producción (Produce).

La norma estableció un plazo hasta el 2021 para erradicar el uso de plástico y tecnopor. Sin embargo, a siete años de su entrada en vigencia, todavía se da la venta y uso indiscriminado de estos productos en los mercados, bodegas, autoservicios, almacenes y comercios en general.
Mucha de la basura se va al mar y ríos generando un impacto al medio ambiente y no hay fiscalización de los gobiernos locales.

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Al respecto, el Produce señaló a la República que a la fecha ha cumplido con elaborar y publicar cuatro proyectos de reglamentos técnicos en relación a las Bolsas de plástico reutilizable (RM 206-2024-PRODUCE), 2) Vajilla y utensilios de mesa de plástico biodegradable (RM 215-2024-PRODUCE), 3) Vajilla y utensilios de mesa de plástico reutilizables (RM 336-2024-PRODUCE) y 4) Vajilla y utensilios de mesa de plástico reciclables (RM 416-2024-PRODUCE).

Estos cuatro proyectos han sido puestos a consideración de la industria y la sociedad.

Y que precisamente la Sociedad Nacional de Industria ha solicitado una reunión para determinar algunos aspectos sobre los proyectos de la vajilla, la cual se llevará a cabo el 18 de agosto.

Asimismo, dijo que el proyecto sobre bolsas de plástico reutilizables se encuentra en evaluación en el Ministerio de Economía y Finanzas, para su validación final.

Para el ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal al no haber estos lineamientos técnicos, “la industria alega que no cuenta con la seguridad jurídica ni las especificaciones necesarias para reconvertir su producción hacia alternativas sostenibles, y en muchos casos persiste el uso de productos prohibidos, como el tecnopor.

Por ello, dijo que Produce debe aprobar estos reglamentos sin más dilaciones y en estrecha coordinación con el Ministerio del Ambiente (Minam) y otros sectores”.

¿Cómo afectan estas demoras al medio ambiente?

En 2019, el primer año de aplicación de la ley, Pulgar-Vidal recordó que el Perú logró reducir en 30% el consumo de bolsas plásticas, un resultado alentador que demostraba el potencial de la norma. “Sin embargo, la ausencia de reglamentos técnicos ha frenado ese impulso y ha permitido que la producción, importación y comercialización de ciertos plásticos prohibidos continúe”.

En ese marco, señaló que esto es particularmente grave en el caso del tecnopor, cuya fabricación y venta están prohibidas, pero que aún se observa en distintos puntos del país debido a la falta de sustitutos validados y fiscalización efectiva.

“Las demoras prolongan la presencia de plásticos de un solo uso en el mercado, los cuales tardan siglos en degradarse, liberan microplásticos al ambiente y generan contaminación en suelos, ríos y océanos. Estos microplásticos afectan la fauna marina y terrestre, ingresan en la cadena alimentaria y representan riesgos para la salud humana, además de contribuir a la pérdida de biodiversidad y al deterioro de los ecosistemas”.

Responsabilidad del Gobierno

En tanto, la exviceministra del Ministerio del Ambiente, Yamina Silva, hizo la exhortación para el Produce y el Ministerio del Ambiente para no dejar de lado la norma. “Con la reglamentación se definen cuáles van a ser las características, qué tipos de materiales se van a usar que sean biodegradables y que reemplacen a los productos que actualmente se están usando”.

Remarcó que el Ministerio del Ambiente, como responsable de cumplir la norma, también tiene que hacer un trabajo en esta línea. “Esto está en manos de ambos ministerios. La exhortación sería a ambos ministerios que no dejen de lado y continúen trabajando en la reglamentación que se requiere para poder eliminar el uso que tanto costó sacar la ley”.

“Sin embargo, estamos quedándonos muy atrás. Y esto en el marco de los acuerdos internacionales que tenemos como país, también no lo estamos cumpliendo. Porque ahorita mismo vemos en los mercados que los productos que se usan están como que estuviéramos sin la ley”.

Y finalmente Carmen Heck de la ONG Oceana recordó que de todos los reglamentos técnicos necesarios para la implementación integral de la ley sólo se cuenta con el de bolsas biodegradables.

“Esta demora es grave porque mientras no se regulen las características técnicas de los productos regulados por la ley no es posible fiscalizar las restricciones que está impone. Por ejemplo, para saber si se cumple o no con la prohibición de vajilla de plástico no biodegradable o no reutilizable tiene que estar claro que requisitos debe cumplir un producto para ser considerado biodegradable o reutilizable”.
Impactos en el medio ambiente

Por otro lado, en lo referido al único de los reglamentos técnicos que ha sido aprobado hasta el momento, se trata del uso de las bolsas biodegradables cuya reglamentación fue establecida en 2021 mediante decreto supremo del Ministerio de la Producción. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo señaló que la norma presenta limitaciones debido a que su efectividad radica en contar con un certificado expedido por el Organismo de Certificación de Productos (OCP), el cual todavía no existe en el país.

Para la Defensoría del Pueblo, esta situación limita la efectividad de la norma debido a que no se genera un verdadero control del tipo de plástico que se produce en el país, así como de sus importaciones, al otorgarse el sello de biodegradable a productos que no cumplen con esos estándares. Esta situación genera mayor impacto si se considera que, de acuerdo con el Ministerio de la Producción, en el año 2024 se importaron más de 16.000 toneladas de plástico, los cuales, al no cumplir con los criterios de biodegradabilidad, implicarían una afectación directa al medio ambiente.

En este contexto, para la Defensoría del Pueblo resulta imperativo que el Ministerio del Ambiente realice un seguimiento sistemático y transparente del cumplimiento de la ley, con base en indicadores y cifras actualizadas que permitan evaluar su impacto real en la sociedad y el ambiente.