Ocoña solo tiene agua cinco horas al día por llegada masiva de mineros durante el paro en Arequipa

En el distrito de Ocoña, provincia de Camaná  en Arequipa, la llegada de más de 500 mineros artesanales y en proceso de formalización para unirse al paro de mineros desató una severa crisis hídrica. El recurso hídrico, que proviene de pozos subterráneos bombeados entre las 4:00 a. m. y las 8:00 p. m., ahora solo alcanza para distribuir agua entre cuatro y cinco horas al día.

Esta situación afecta especialmente a los vecinos de las zonas altas, donde la presión es nula o casi inexistente. La demanda adicional de agua también proviene de conductores y pasajeros varados en la zona, lo que colapsó el sistema local de distribución.

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¿Qué está provocando la escasez de agua en Ocoña?

Según el regidor Huber Salas, la sobreexplotación del recurso se debe al consumo intensivo por parte de los mineros que están llegando. El distrito, que depende de agua subterránea para su abastecimiento, no fue preparado para atender una demanda tan alta y sostenida.

Los mineros no solo consumen agua, sino que en muchos casos la extraen directamente, sin supervisión ni control, lo que compromete la sostenibilidad del suministro para los residentes locales.

Consecuencias sociales y económicas de la crisis hídrica en Arequipa

La escasez de agua comenzó a impactar en los precios de productos básicos. Botellas de agua, alimentos y otros bienes esenciales registraron aumentos debido a la alta demanda y la interrupción del acceso logístico.

"Estamos viviendo un conflicto social que debe ser atendido de inmediato por la presidenta Dina Boluarte", declaró Huber Salas a RPP. El regidor alertó que los más perjudicados son los vecinos de las zonas cercanas a los puntos de extracción y bloqueo, donde la tensión crece ante la falta de intervención estatal.

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¿Qué pide la población de Ocoña al Gobierno?

Las autoridades locales exigen al Ejecutivo que tome medidas urgentes para regular la actividad minera y garantizar el derecho al agua. La falta de acción, advierten, puede desencadenar una crisis social de mayor alcance, afectando no solo la salud pública, sino también la estabilidad regional.

La intervención inmediata del Gobierno es considerada clave para evitar el agravamiento del conflicto y restaurar el acceso equitativo al agua potable.