Más de 11 millones de peruanos no tienen agua potable ni sistema de alcantarillado desde hace 10 años

Según las Naciones Unidas, cada persona necesita entre 20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al día para beber, cocinar y asearse. Este derecho básico, sin embargo, aún está lejos de ser una realidad para una gran parte de la población peruana. A pesar de los avances tecnológicos y el crecimiento urbano en las últimas décadas, más de 11 millones de peruanos no cuentan con agua potable ni alcantarillado, una brecha que se ha mantenido prácticamente estancada durante los últimos 10 años.

Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) revelan que 7.6 millones de personas carecen de un sistema de alcantarillado, mientras que 3.5 millones no tienen acceso a agua potable por red pública En el área rural, apenas el 13% de la población accede a redes públicas de agua, las cuales, además, no garantizan abastecimiento continuo las 24 horas del día.

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Agua por pozos, ríos o manantiales

La falta de acceso a agua potable y saneamiento adecuado influye directamente en la salud y el bienestar de las personas. Según el INEI, esta carencia está estrechamente vinculada con la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, que a su vez inciden en la desnutrición infantil y constituyen una de las principales causas de mortalidad en la niñez peruana.

Actualmente, el 9.6% de la población nacional no cuenta con acceso a agua por red pública; en zonas rurales esta cifra se eleva al 21.3%. En cuanto al saneamiento, el 20.6% de la población no accede a un sistema de alcantarillado por red pública y aún utiliza letrinas, pozos ciegos o simplemente desecha excretas en ríos o acequias.

Sumando ello, en pleno siglo XXI, aún hay peruanos que caminan más de un kilómetro para recolectar agua de fuentes no seguras como ríos, acequias, pozos o manantiales. Aproximadamente el 18% de la población total se abastece de agua fuera del sistema público. Esta situación persiste especialmente en zonas rurales, donde más del 13% de los habitantes consumen agua no tratada, lo que implica serios riesgos para la salud pública.

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"Las familias más pobres son las más vulnerables. Llevarles el agua cuesta mucho más. Revertir esta situación requiere reubicar a estas familias en zonas más accesibles y seguras (...) Pero existe muy poca planificación de los procesos (...) En el Ministerio de Vivienda existen planes regionales para el cierre de brechas de agua y saneamiento; sin embargo, no se cumplen por falta de recursos o porque consideran más rentables o de mayor priorización, por ejemplo, carreteras", aclara la exministra de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), coincide en la necesidad de cerrar brechas de inversión para dotar de infraestructura adecuada a las zonas más vulnerables. Advierte que una parte sustancial de la población aún depende de sistemas informales y poco seguros de abastecimiento. Asimismo, sostiene que este proceso requiere tarifas presupuestarias justas y una adecuada planificación en infraestructura.

“Es primordial reactivar las obras paralizadas, muchas de las cuales están bajo responsabilidad de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) (...) Actualmente, Sedapal factura alrededor de S/ 2.700 millones por año, generando capacidad de inversión quinquenal de alrededor de S/ 1 885 millones. Pero, para cerrar la brecha de cobertura (100%) y calidad (24/7) para los próximos 30 años se requiere cerca de S/ 64 mil millones, es decir, unas 33.9 veces el monto de inversiones quinquenal", mencionó la entidad a través de una respuesta formal a este diario.

Calidad del agua y la brecha que no se cierra

A nivel nacional, el 90.4% de los hogares accede a agua mediante red pública, pero este indicador oculta grandes diferencias. Mientras que en las ciudades el servicio cubre al 93.2% de la población, en áreas rurales apenas alcanza al 78.7%. Además, el acceso continuo las 24 horas está lejos de garantizarse: en zonas como Loreto, Piura y Ucayali, menos del 70 % de la población recibe agua diariamente.

Según el INEI, entre 2015 y 2023, el acceso a agua por red pública aumentó apenas 2.5 puntos porcentuales, lo que evidencia un progreso muy limitado frente a una necesidad urgente. La propia Sunass ha advertido que las ciudades están creciendo más rápido que la infraestructura para servicios básicos, y que los costos de ampliación son cada vez mayores debido al desorden urbano.

La calidad del agua es otro tema aparte. Solo el 4.7% de la población rural accede a agua con niveles adecuados de cloro, frente al 47.7% en zonas urbanas. Según la Sunass, uno de los desafíos es fortalecer la desinfección del agua. “La normativa nacional establece que el Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, es el órgano competente para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano", comunicó la entidad.

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"Podemos tener agua potable, pero no necesariamente tenemos 24 horas de agua potable y ese es uno de también de los grandes problemas (...) En promedio, a nivel nacional, la continuidad de servicio de agua potable es 17.3 horas al día. Otra brecha es la calidad del agua. Únicamente el 44.5% de la población urbana consume agua con niveles adecuados de cloro. Y a nivel rural esta situación es crítica: solo el %3.8", añade la exministra.

Asimismo, uno de los llamados más reiterados desde el ente regulador es la necesidad de proteger los fondos provenientes de tarifas para que se destinen exclusivamente a proyectos priorizados. A esto se suma la urgencia de incrementar el presupuesto público para obras de saneamiento, que actualmente representa entre el 2% y 3% del PBI, porcentaje que se ha mantenido constante a pesar del crecimiento económico del país.

El acceso a agua potable y saneamiento es un derecho humano y una condición básica para el desarrollo. Sin embargo, los datos demuestran que esta es una deuda que sigue pendiente para millones de peruanos. Aunque hay esfuerzos de fiscalización, monitoreo y fortalecimiento técnico, se necesita una estrategia nacional articulada y sostenida en el tiempo que priorice el cierre de brechas con urgencia y con recursos adecuados. Mientras eso no ocurra, millones de personas seguirán expuestas a condiciones de vida indignas y riesgos sanitarios evitables.

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