Gobierno oficializa estado de emergencia por 30 días en todo Lima y Callao tras ola de violencia

El Gobierno de Dina Boluarte ha declarado el estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao por un periodo de 30 días. Esta decisión fue comunicada a través del diario oficial El Peruano, en el que se detallan las disposiciones legales correspondientes. La medida busca hacer frente a la creciente ola de inseguridad, extorsión y sicariato que afecta al país, y pone en evidencia la urgencia de abordar estos problemas que han generado preocupación en la ciudadanía.

"Declarar por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo", se lee en la publicación de El Peruano.

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Gobierno oficializa estado de emergencia en Lima y Callao

Tras los diversos ataques a mano armada, sicariato, extorsiones y crimen organizado en nuestro país, el Gobierno ha decidido declarar estado de emergencia en Lima y Callao. Recordemos que el último domingo 16 de marzo el cantante de Armonía 10, Paul Flores, fue asesinado luego de que dos delincuentes atacaran el bus de la agrupación.

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Desde ese momento, la ciudadanía alzó su voz de protesta y expresaron su indignación por este hecho. En ese sentido, se tomaron medidas urgentes para combatir el crimen organizado que mantiene a la población sumergida en el miedo.

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Medidas contra la inseguridad ciudadana

De acuerdo al pronunciamiento del premier Gustavo Adrianzén, la Policía Nacional del Perú (PNP) contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para realizar patrullajes en Lima y Callao durante el estado de emergencia. Este periodo de excepción implicará la restricción de algunos derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión, entre otros.

"Se aplica lo dispuesto en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en la Constitución Política del Perú", precisa el documento.

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¿Qué significa el estado de emergencia?

El estado de emergencia se define como un régimen excepcional que el gobierno puede implementar en circunstancias críticas para salvaguardar el orden público y la seguridad de la población. En Perú, este tema genera un amplio debate, especialmente cuando se activa en respuesta a un aumento de la criminalidad o a amenazas que comprometen la estabilidad institucional del país.

Según LP Derecho, se restringe varios derechos constitucionales fundamentales. Entre estos se encuentran la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, todos protegidos por la Constitución en tiempos de normalidad. Durante este periodo, el gobierno ejerce competencias extraordinarias, autorizadas por la Constitución, para abordar crisis como el incremento de la criminalidad o situaciones que amenazan el funcionamiento adecuado de los poderes del Estado y las instituciones esenciales de la nación.

Por ello, durante ese periodo se implementan varias restricciones que afectan directamente las libertades individuales de los ciudadanos. Entre las principales se encuentran:

• Restricción o suspensión del libre tránsito: Limitación del movimiento de individuos en áreas específicas. Esta medida puede incluir la implementación de toques de queda, controles en las carreteras y restricciones para acceder o abandonar determinadas zonas. Estas acciones buscan garantizar la seguridad y el orden público en contextos de emergencia o situaciones críticas.
• Suspensión de la libertad de reunión: Las autoridades tienen la facultad de limitar el derecho de las personas a congregarse en espacios públicos, ya sea durante manifestaciones, concentraciones o encuentros sociales, con el objetivo de prevenir disturbios o actos violentos.
• Suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están facultadas para realizar ingresos a viviendas sin necesidad de una orden judicial. Esta medida se justifica ante la existencia de sospechas sobre actividades delictivas o con el objetivo de prevenir potenciales amenazas a la seguridad pública.
• Intervención de las Fuerzas Armadas: Las Fuerzas Armadas desempeñan funciones de control y vigilancia, trabajando en conjunto con la policía para garantizar la supervisión y protección del orden público. La visibilidad de la presencia militar en las calles se ha convertido en un rasgo distintivo de este régimen, reflejando el compromiso del gobierno por mantener la seguridad en el país.

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