Colegios privados de Perú en alerta: nueva ley del Congreso busca que docentes sin título sigan enseñando

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que amplía hasta 2027 el plazo para que los docentes de colegios privados que no cuentan con título pedagógico puedan seguir ejerciendo su profesión. Esta propuesta modifica el Decreto de Urgencia N° 002-2020, que había establecido un periodo de cinco años para que los educadores de educación básica regular en instituciones privadas regularizaran su formación académica.

El reciente proyecto de ley ha suscitado opiniones encontradas entre dos especialistas consultados por La República. Por un lado, Idel Vexler, exministro de Educación, argumenta que la extensión del plazo es fundamental para ofrecer una oportunidad a los docentes que aún no han cumplido con los requisitos establecidos. En contraste, Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, advierte que esta iniciativa podría consolidar la informalidad en el ámbito educativo, lo que a su vez podría comprometer la calidad del servicio educativo brindado.

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Oportunidad para regularizar o riesgo de informalidad

Idel Vexler, considera que la extensión de dos años adicionales para los docentes sin título es una medida necesaria. En sus declaraciones, Vexler subrayó que la pandemia creó condiciones excepcionales para muchos docentes que no pudieron completar sus estudios en los plazos inicialmente previstos. “Me parece oportuno porque a veces las carreras son de 5 años, y se dio el decreto de urgencia en plena pandemia, donde era posible regularizar los estudios”.

No obstante, también destacó que esta ampliación debe ser la última. “Espero que los directores de los colegios privados les hagan notar a los profesores que es su última oportunidad”, agregó.

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Según Vexler, después de los siete años estipulados, no debería permitirse una nueva prórroga. Aseguró que ya se les ha dado suficiente tiempo y que es importante que los docentes asuman la responsabilidad de regularizar su situación profesional.

Por otro lado, Alejandro Mejía, expresó preocupaciones similares a las de Vexler en cuanto a la necesidad de dar oportunidades a los docentes, pero con una visión más crítica sobre las consecuencias de prolongar el plazo.

Según Mejía, esta ampliación de plazos puede contribuir a la perpetuación de la informalidad laboral en los colegios privados. “Ampliar los plazos es hacer que prevalezca la informalidad laboral (bajas remuneraciones, docentes sin formación pedagógica, etc.), y, por ende, afecte la calidad del servicio educativo que se brinda”, indicó.

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Mejía compara esta medida con lo sucedido en las universidades, donde, a pesar de las reformas, los docentes que no cumplen con los requisitos han seguido siendo contratados. “Lo que ha sucedido en la educación universitaria es un reflejo claro de lo que podría pasar en el sector privado. Lo que comenzó como una excepción, ahora se está convirtiendo en regla, con la constante ampliación de plazos”, subrayó.

El futuro de la educación privada: ¿calidad o informalidad?

El debate sobre este proyecto de ley destaca un tema crucial: la calidad educativa. Para algunos, la prórroga de dos años es una oportunidad para que los docentes puedan cumplir con los requisitos necesarios sin perder su empleo. Para otros, como Mejía, esta medida podría continuar incentivando la informalidad laboral y el estancamiento en la formación de los educadores.

“Lo que está claro es que esta medida tiene implicaciones para el futuro de la educación en el país”, afirmó Mejía. “A largo plazo, seguir permitiendo que los docentes sigan en las aulas sin la formación adecuada afectará la calidad educativa, y eso repercutirá en el desarrollo de nuestros estudiantes”, agregó.

Esta perspectiva se complementa con el llamado a la responsabilidad que hace Vexler, quien cree que, aunque la medida es necesaria, no puede seguir extendiéndose indefinidamente.