Declaran al INPE en emergencia por hacinamiento de reclusos y deficiente calidad de sus instalaciones

El Ejecutivo ha declarado en emergencia al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Sistema Nacional Penitenciario por un periodo de 24 meses. Esta medida responde a la alarmante sobrepoblación en los penales y a la deficiente calidad de su infraestructura, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 014-2024-JUS.

La oficialización de esta decisión se realizó a través de un decreto publicado en el diario oficial El Peruano, suscrito por la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén y el ministro de Justicia Eduardo Arana. La medida busca optimizar la prestación de servicios para la resocialización de las personas privadas de libertad.

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¿Cuáles son los motivos de la declaratoria de emergencia en el INPE?

Con respecto a las razones que justifican esta medida, el decreto estable principalmente el "déficit de capacidad de albergue". Además, la necesidad de mejorar los servicios de resocialización es fundamental. Cabe resaltar que, actualmente, el Sistema Penitenciario Nacional alberga a 98.127 personas, a pesar de que su capacidad es de solo 41.556, lo que representa una sobrepoblación del 136%.

La situación se agrava por la insuficiente infraestructura de los establecimientos penitenciarios. En 2023, solo el 50,2% de la población privada de libertad se encontraba en condiciones adecuadas de infraestructura y servicios. Esta crisis ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional, que en 2014 declaró un estado de cosas inconstitucional debido al hacinamiento y las deficiencias en los servicios básicos.

El decreto también establece que el Ministerio de Justicia deberá aprobar, en un plazo de 45 días, una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria, con el objetivo de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.

"La situación crítica se agrava aún más, debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. Al 2023, sol el 50.2% de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios", se lee.

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¿Qué acciones se tomarán frente a esta situación de crisis?

En tanto, el Tribunal Constitucional exhortó al Ministerio de Justicia a evaluar la necesidad de ampliar o modificar las medidas necesarias para superar esta situación. Cabe resaltar que, en octubre de 2023, un grupo de trabajo sectorial recomendó la declaratoria de emergencia del INPE para revertir las condiciones actuales de los establecimientos penitenciarios, actualmente en una situación complicada por el “déficit de capacidad”.

En la misma línea, durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), se acordó declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario. Además, durante el pasado 5 de noviembre el Consejo de Estado decidió destinar recursos para mejorar la infraestructura penitenciaria, lo cual incluye la ampliación de penales existentes y la construcción de nuevos establecimientos.