Gasto estatal para prevenir desastres no supera el 60%

A menos de dos meses de culminar el año y empezar la temporada de lluvias, la ejecución del presupuesto destinado para la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres naturales apenas ha llegado al 59,2% en los tres niveles de Gobierno, advirtió la Defensoría del Pueblo.

Tras una verificación en la página de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta entidad comprobó que el Gobierno nacional tiene un avance de ejecución del 54,6%, los Gobiernos regionales de 55,5 %; mientras que los municipios de 71,7 %.

Para la Defensoría del Pueblo, estas cifras demuestran una falta de gestión oportuna por parte de las autoridades, a pesar de que el Perú se encuentra expuesto a peligros de origen natural e inducidos por acción humana que vienen afectando a miles de personas cada año.

Son cuatro Gobiernos regionales los que han ejecutado menos del 50 % de esta partida presupuestal: Puno, Apurímac, Ucayali y Callao. Y otros seis han ejecutado menos del 60 %: Cajamarca, La Libertad, Moquegua, Tacna, Áncash y Lambayeque.

El adjunto para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero, sostuvo que para el verano del 2025 se han identificado 41.211 centros poblados con probabilidad de riesgo muy alto frente a la ocurrencia de lluvias, lo que pone en peligro a 2 millones 473.000 personas ante huaicos.

Además, se estima que 3.640 centros poblados estarían expuestos a un riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de inundaciones, con 974.749 personas que resultarían afectadas.

Riesgo se mantiene
El urbanista Aldo Facho resaltó que los municipios hayan ejecutado el 70% de su presupuesto asociado a riesgo y desastres, ya que han podido desmontar las cifras en dos años de gestión.

Sin embargo, dijo que es preocupante que los Gobiernos regionales no hagan bien su trabajo porque, si bien los municipios han tenido un avance, existen obras que superan el ámbito municipal; por ejemplo, las quebradas y cauces de ríos.

“Y esos espacios demandan acción de los Gobiernos regionales para garantizar la seguridad de todas las provincias y distritos que están en el ámbito de la cuenca o que son afectadas por las quebradas”, señaló.

Apuntó que el Gobierno nacional tampoco está haciendo bien su trabajo; por lo tanto, el riesgo se mantiene. “Lo más triste es que esto es cíclico. Cada año nos damos cuenta de que el Estado no ha hecho su trabajo y empezamos a correr con obras no planificadas de corto plazo para tratar de parchar lo que no se pudo hacer en el año”.