Ministro del Interior pretende que policías denunciados por usar sus armas de fuego sean juzgados en tribunales militares

Este martes 1 de octubre, se desarrolló la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque. En el evento, que busca fortalecer las acciones para lograr la seguridad ciudadana, participó la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Precisamente, Santiváñez informó que, entre otras medidas para combatir la criminalidad, se ha discutido un nuevo proyecto de ley que busca evitar que los policías y militares denunciados por el uso de sus armas de fuego sean llevados a tribunales civiles. En su lugar, el Gobierno pretende que sean juzgados por fueros militares.

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“Un tema sumamente importante, resuelto en este Conacec, es que se va a efectuar la propuesta normativa para que todos los policías y militares que pudieran ser denunciados como consecuencia del ejercicio de su función por el uso de sus armas de fuego, sus procesos pasen al Consejo Supremo de Justicia Militar, es decir, no sean vistos por los juzgados civiles, ya que estamos hablando de temas referidos al ámbito de la función. De esta manera, nosotros vamos a proteger a nuestro personal policial y militar en el uso legítimo de sus armas de fuego dentro del ámbito de los derechos humanos", anunció a la prensa.

Proyecto de ley de terrorismo urbano será presentado este 2 de octubre

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que el proyecto de ley de terrorismo urbano será presentado mañana, 2 de octubre, ante el Congreso de la República. Esto pese a la opinión de diversos especialistas en temas de seguridad, que han venido cuestionado esta campaña.

“El proyecto de ley sobre terrorismo urbano está terminando de ser revisado por los especialistas. Confiamos que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, sea remitido al Congreso de la República. Tenemos conocimiento que el Congreso hay varios proyectos en similar sentido, presumo yo que se acumulará al nuestro también. Ya conoceremos el texto final. Por otro lado, no se ha discutido al interior del Poder Ejecutivo, la eventual salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, precisó.

Sin embargo, diversos gremios de transporte y asociaciones de sectores civiles han solicitado a las autoridades la no aprobación del dictamen de terrorismo urbano y la derogatoria de la Ley 32108, al considerar que esta beneficia al crimen organizado en Perú.

En una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte y a otras instituciones, los gremios exigen que se atiendan sus demandas y advierten que, de no ser escuchados, convocarán a la ciudadanía a manifestarse. La decisión final sobre el dictamen se tomará el próximo jueves 3 de octubre, tras el debate en el Congreso.