Incautan 4 barras de oro en el Callao valoradas en más de 1 millón de dólares a hermanas vinculadas a minería ilegal

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio del Callao, bajo la presidencia del magistrado Marco Aurelio Tejada Ortiz, emitió un fallo favorable a la extinción de dominio de cuatro barras de oro que se encontraban en posesión de Edith Gisela y Lizbeth Yanina Pacori Borda. Según la demanda presentada, se determinó que estas barras fueron adquiridas de forma ilícita.

Este proceso legal permite al Estado recuperar bienes adquiridos a través de actividades ilegales, como el narcotráfico o la corrupción. Una vez que gana la demanda, los bienes son confiscados y gestionados por el gobierno, como en este caso, donde se ordenó que las barras de oro sean entregadas al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

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Las barras de oro de las hermanas

Tras la intervención de control realizada por la administración aduanera, se incautaron 2 barras de oro de 6.04 kg y una barra de 5.08 kg, que pertenecían a Edith Gisela Pacori Borda. Además, se confiscaron otras dos barras de oro de 6.04 kg, presuntamente propiedad de Lizbeth Yanina Pacori Borda.

En total, el valor de las barras incautadas superan los 1,3 millones de dólares americanos, según lo declarado en la declaración aduanera de mercancías (DAM).

Las investigaciones concluyeron que el elevado valor de las barras de oro representa un incremento patrimonial no justificado para las hermanas, quienes son propietarias de las empresas Minerales Adrian A&A y Minerales Maya, respectivamente.

Hermanas exportaron oro por más de 18 millones de dólares en los últimos años

Las hermanas iniciaron sus actividades económicas en 2015, registrándose en la Sunat para la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos.

Sin embargo, han declarado que no compran mineral aurífero, ya que se consideran productoras y no desarrollan actividades mineras de beneficio, pese a que los instrumentos de gestión ambiental (Igafom) indican lo contrario.

En 2017, firmaron un contrato de explotación minera con Eradio Oscalla Zevallos, titular de la concesión DRAGÓN 02, por un área de dos hectáreas y por un precio de S/2.000. Este contrato les permitió acceder a la explotación minera en dicho terreno.

Durante un período de tres años, Lizbeth y Edith Pacori Borda exportaron un total de 343.10 kilogramos de oro, con un valor estimado de más de 18 millones de dólares americanos. Esta cantidad significativa de oro exportado generó sospechas sobre la procedencia y legitimidad de su actividad minera.

Finalmente, el Poder Judicial del Callao concluyó que no se ha justificado adecuadamente la propiedad del mineral, señalando que existen indicios que vinculan a las hermanas con la minería ilegal, lo que pone en duda la legalidad de su operación minera.

Minería ilegal: ¿qué dice el código penal?

El decreto legislativo N° 1102, publicado en el periodo de gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), incorporó 6 artículos, estableciendo el delito de minería ilegal será reprimido con la pena privativa de la libertad no menor de cuatro años y no mayor a 8 años, con 600 días de multa.

Cerca del 40% de la producción de oro se realiza a través de la minería ilegal

La minería ilegal produce anualmente 2,2 millones de onzas de oro; es decir, el 39,9% de la producción total de este mineral, traduciéndose en un total de US$4.000 millones aproximadamente. Según Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la compañía minera Poderosa, durante el encuentro del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

¿Cuánto vale el oro en el Perú?

Aproximadamente el gramo del oro según informa Bloomberg, el precio del oro llegó a dicho máximo poco después de la medianoche, aunque experimentó una moderación hasta los 2.238 dólares por onza a media sesión en Wall Street (17.00 GMT).

¿Cómo contamina la minería ilegal en el Perú?

En el transcurso del 2023, la minería ilegal impactó negativamente 49 sectores en Perú y otros países que comparten la Amazonía. La región de Madre de Dios, es uno de los más afectados por estas prácticas, donde se ha observado que estos actos ilícitos se han reportado en la Reserva Nacional de Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri.