Ucayali: 9 meses de prisión para jefe del Inabif

Un nuevo caso de violencia sexual conmociona Ucayali. Esta vez ocurrió en el Centro de Acogida Residencial (CAR) Ikaro Xobo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Ahí, seis adolescentes denunciaron que fueron víctimas de tocamientos indebidos y de agresiones sexuales por parte del coordinador del CAR, Néstor Meneses Huanio.

Una de las menores, de 16 años, acusó al funcionario, por lo que este fue detenido en la comisaría de Yarinacocha. Ahí,  durante las diligencias, otras cinco adolescentes se presentaron y denunciaron ataques cometidos por el director del CAR.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali dictó medidas preventivas para que el acusado no se acerque a las niñas ni al CAR. Y por la tarde, un juzgado de esta ciudad declaró fundado el pedido de 9 meses de prisión preventiva, disponiendo que Meneses sea enviado a un penal.

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Más temprano, la abogada de Flora Tristán que viene siguiendo el caso, Cecibel Jiménez, señaló que “se está exigiendo la prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación. La idea es que le den la pena preventiva para que no haya impunidad o salga del país como ya ha sucedido”, indicó a La República.

Desde el jueves, varias organizaciones sociales, colectivos y organizaciones feministas se congregaron en el frontis de la Corte Superior de Ucayali para exigir que se disponga una pena preventiva contra el funcionario del Inabif por el grave ataque a seis menores y también para pedir una reestructuración de estos centros de acogida.

No es la primera vez

En octubre pasado, el psicólogo de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali, Luis Yacila Ortega, fue denunciado por violar y embarazar a una menor de 13 años de edad.

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Si bien se anunció una sanción penal, civil y hasta administrativa, lo cierto es que hasta la fecha este sujeto sigue prófugo de la justicia así como otros 7.000 violadores que siguen sin aparecer en el Programa de Recompensas del Mininter.

“Es cuestionable porque este no es el primer caso de un servidor público que comete violencia contra la mujer. Es necesario que el Mimp garantice que haya filtros para que se tenga un personal especializado”, agregó Jiménez.

Por la noche, el Mimp saludó la medida del Poder Judicial y aseguró que sus equipos legales acompañarán el proceso y apoyarán a las menores agredidas. Pero ni una palabra sobre quién puso en ese puesto al acusado.

La clave

En cifras. Según las estadísticas del Mimp hasta febrero, hay 4.694 casos de violencia sexual reportados en el país. La mayoría de denuncias son de menores de edad con 3.109. Así también, se ha registrado un total de 1.222 casos de abuso sexual en niños y niñas. Urge tomar medidas.