100 años de aborto terapéutico en Perú: ¿Cuánto tiempo esperaremos para que el aborto deje de ser un delito?

En el Día Internacional de las Mujeres es necesario recalcar la importancia del derecho de las mujeres a su autonomía reproductiva y tener en el centro el derecho a tener embarazos deseados y consentidos. La ausencia de ello ha generado que miles de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar sean obligadas a llevar una maternidad forzada.

En el Perú, las mujeres enfrentan situaciones de desigualdad y violencia en las distintas etapas de su vida, desde la negativa de implementar la educación sexual integral (ESI) con enfoque de igualdad de género en las escuelas; hasta la incapacidad del Estado para garantizar la protección de la salud, la vida y la dignidad de las mujeres que cada día enfrentan atropellos a sus derechos y se enfrentan a un mundo que no quiere reconocerlas como ciudadanas plenas y ha precarizado sus vidas. 

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Víctimas de la indiferencia

A pesar de las constantes sanciones y recomendaciones para el Estado peruano por parte de diferentes instancias internacionales, el gobierno de turno aún no logra cumplir con el debido proceso para que las niñas reciban justicia frente a la negativa de un aborto terapéutico. Un reflejo de esta situación es el caso de Camila, niña quien luego de sufrir abuso sexual con impactos graves en su salud mental, se le negó el derecho a un aborto terapéutico, fue criminalizada y acusada de autoaborto por el Estado, ante una pérdida espontánea del embarazo.

Camila buscó justicia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el cual encontró responsable al Estado peruano por haber violado varios derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, y le ordenó brindarle a Camila una reparación integral. Sin embargo, de las 11 medidas que establece el dictamen, Perú solo ha cumplido con publicar el dictamen en español y no en la lengua originaria que habla la niña.

“Mientras se siga viendo el aborto como un crimen y no como una atención a la salud, se seguirá afectando de manera desproporcionada e innecesaria la vida, la salud y la integridad de miles de niñas, adolescentes y mujeres. Esta situación solo evidencia un Estado indiferente con las necesidades reales de las mujeres y que se niega a asumir sus responsabilidades en materia de protección de derechos”, señala Susana Chávez, directora de Promsex.

Opinión pública

Los 100 años de despenalización del aborto terapéutico se cumplen en medio de una opinión cada vez más favorable sobre el tema. La encuesta online de Ipsos «Opiniones globales sobre el aborto 2023» muestra cómo se ha incrementado el apoyo al estatus legal del aborto en Perú durante los últimos años.

Así mismo, de acuerdo a las cifras de esta encuesta, el porcentaje de la población peruana que apoya la legalización del aborto ha ido en alza en los últimos años. En solo un año, la aprobación de que el aborto sea «legal en todos los casos» o «legal en la mayoría de casos» pasó de 31% a 41% en Perú.

Además, 65% de las personas está de acuerdo con que el aborto sea legal en casos de violación. Y es importante notar que 69% indicó que respaldaba que el aborto sea legal cuando la vida o la salud de las mujeres está en peligro. Una causal que en Perú ya está despenalizada, pero que está bajo constante ataque por parte de algunos grupos y personajes opositores de los derechos sexuales y reproductivos.

Hoy 8 de marzo exhortamos al Estado a que garantice el acceso de las mujeres a derechos sexuales y reproductivos plenos, que no coaccionen sus proyectos de vida ni se les impongan maternidades forzadas. El acceso al aborto, en cualquier circunstancia, es un derecho humano y cada mujer, niña y adolescente, debe tener la oportunidad de ejercerlo con todas las garantías, para proteger su salud y su vida.

Columna de Opinión

La lucha por el acceso al aborto seguro

Por Susana Chávez, directora de Promsex

Este año, el Perú cumple 100 años de vigencia del aborto terapéutico y 10 de la aprobación de la guía que regula su acceso; y como sucedió en otros países de la región, no fue lo sanitario su punto de partida, sino su definición como delito. Sin embargo, aun con este concepto, no se optó por su prohibición total, probablemente conscientes de que obligar a las mujeres a una inmolación sería inaceptable. 

Hoy, el panorama ha cambiado, hay más derechos reconocidos y abundante evidencia de los costos inútiles de la criminalización. Hay también más países que han legalizado su acceso o ampliando las razones permitidas de aborto, dejando atrás décadas de ignominia y crueldad hacia las mujeres. 

Pues está demostrado que el embarazo forzado genera vulnerabilidad y es incompatible con la dignidad, sobre todo cuando sus efectos adversos se concentran en las más pobres. Pero si esto ya es malo, resulta peor cuando la negativa deviene de un aborto que es legalmente permitido, es por eso, aun con sus limitaciones, el protocolo de aborto terapéutico es un avance y su cumplimiento una obligación.

Contenido Patrocinado por ONG CENTRO DE PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS – PROMSEX

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