Más improvisaciones. Al borde de las 10:30 p.m., el Gobierno publicó el DS N° 105-2023-PCM, mediante el cual oficializa la declaratoria de emergencia por 60 días de los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP), en Lima, y Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, en la provincia de Sullana, en Piura. Y todo esto sin que los alcaldes de estas jurisdicciones conozcan los detalles de la medida excepcional que rige desde hoy.
La decisión anunciada el lunes, pero publicada recién ayer, fue detallada al filo de la medianoche por el ministro del Interior, Vicente Romero, quien durante todo el día había guardado silencio, pese a la insistencia de varios alcaldes.
En el caso de Lima, ni el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, ni el de SMP, Hernán Sifuentes, fueron informados previamente de la decisión del Ejecutivo, aun cuando ambos estuvieron solicitando el apoyo de las Fuerzas Armadas para luchar contra la inseguridad ciudadana.
Reunión. Premier Otárola y alcalde de SJL, Jesús Maldonado. Foto: PCM
Según el DS N° 105-2023-PCM, quedarán suspendidos, desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas, los eventos sociales y espectáculos en los distritos señalados en la norma. Asimismo, se restringirá o suspenderá el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Además, la Policía coordinará con las Fuerzas Armadas, las instituciones que administran justicia, los Gobiernos regionales y locales, Migraciones y Sucamec para que presten colaboración en el marco de sus competencias, a fin de ejercer el control territorial.
En cuanto a la intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas, estás actuarán bajo el amparo de los DL 1186 y 1095, que regulan el uso de la fuerza y de las armas.
También aplicarán el ‘Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”.
Más temprano, el alcalde Jesús Maldonado señaló que las FF. AA. harán un control territorial en las zonas vulnerables de su distrito. “No pretendo que las FF. AA. estén de manera permanente, eso sería absurdo, sino que puedan hacer control del distrito mientras tengamos una estrategia integrada entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial”.
En tanto, el alcalde de SMP, Hernán Sifuentes, dijo que está a la espera de la convocatoria del Gobierno central para ver cuáles son las medidas. El burgomaestre señaló que actualmente tienen 340 policías para casi 800.00 habitantes. En esa línea, pidió más personal policial para su distrito.
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Ahora bien, el anuncio del Gobierno ha generado posiciones en contra en otros alcaldes, como el de Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien criticó la medida porque “los delincuentes de SMP se pasarán a Puente Piedra y a otros distritos”. Señaló que debe haber estado de emergencia en los ocho distritos que conforman Lima norte y no solo en San Martín de Porres.
Para el exviceministro de Orden Interno Ricardo Valdés, la declaratoria de emergencia es una idea improvisada y se están levantando falsas expectativas en la población. Dijo que el estado de emergencia no es algo que se puede declarar permanentemente, “por lo tanto, me parece un poco irresponsable anunciarlo sin tener un plan”.
A su turno, el exjefe de la Policía Eduardo Pérez Rocha, sostuvo que la mayoría de los municipios no han implementado su consejo de seguridad para el 2023; entonces, los alcaldes no están cumpliendo su rol. “Pero, como ya no hay la exigencia de que confeccionen los planes, cuando se les pregunta a los alcaldes “¿y su plan de seguridad ciudadana?”, no lo tienen, ni el alcalde de Lima”.
Además, resaltó que la Policía Nacional tiene 140.000 efectivos, las FF. AA. en total llegan a 70.000, y que son muy pocos los militares entrenados en orden interno.
El premier Alberto Otárola señaló que se va a hacer un trabajo grupal entre el Poder Ejecutivo y el alcalde de SJL. Asimismo, van a estudiar las necesidades del distrito, y durante el estado de emergencia va a haber un “respeto a los derechos fundamentales”.
“Las FF. AA. están haciendo un plan estratégico. Seguramente ellos se encargarán, son los profesionales. Van a cuidar los bienes estratégicos, pero van a tener un trabajo de apoyo a la PNP que, además, va a incrementar el número de sus miembros y también va a mejorar las comisarías”.
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Por otro lado, se agendó para el pleno del miércoles el debate de 15 propuestas legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP
“Cuando se habla de que salgan las FF. AA., así sea la totalidad de las FF. AA., no van a cubrir; como dice el ministro del Interior, faltan 50.000 efectivos. Con las justas tendríamos nomás 10.000 preparados”.
Ricardo Valdés, exvicem. del Interior
“No es sostenible la presencia de las fuerzas militares porque uno no puede declarar un estado de emergencia a lo largo de los años, es solo una excepción. La Policía debe controlar la criminalidad”.
Infografía - La República