En Carabaya piden sancionar a alcalde por reunión con Boluarte

El alcalde provincial de Carabaya (Puno), Edmundo Cáceres Guerra, sería sancionado por haberse reunido con Dina Boluar te junto a otros burgomaestres. La población considera ofensivo haberse proclamado como “los soldados” de la mandataria y calificar de “grupo minúsculo” a quienes acatan las protestas en su contra.

Desde la noche del viernes último, la Municipalidad de Carabaya fue cercada por organizaciones sociales, estas exigen que el lunes 31 de julio se realice una sesión de concejo municipal para sancionar al burgomaestre, e incluso gestar su revocatoria o vacancia. Anticipándose a las medidas que pudiera adopt ar la dirigencia local, la autoridad edil ha convocado a una asamblea para hoy en la plaza de Armas de Macusani.

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El documento da cuenta que Cáceres busca aclarar el encuentro en palacio de gobierno. Josué Guzmán, presidente de la Central Única Regional de las Rondas Campesinas, señaló que el alcalde no ha dado la cara desde esa reunión realizada en la víspera de la marcha nacional en Lima. Dijo que por parte de su organización Cáceres sería sometido a la disciplina ronderil. El dirigente recordó que en Macusani murieron dos ronderos durante protestas realizadas el 18 de enero, y que el alcalde había asumido compromisos con sus deudos. Sin embargo, en lugar de cumplir su promesa, en su opinión, ofendió la memoria de los fallecidos.

Legalidad de las sanciones

 El abogado Gerber Huanca, sostiene que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, la figura de la vacancia no podría darse, debido a que los argumentos de la población no encajan en las causales para vacar al alcalde. Explicó que lo más cercano a la sanción que piden sería plantear la revocatoria con recolección de firmas, pero para ello debe cumplirse un año de gestión edil. Luego siguiendo los procedimientos de ley, sería sometido a consulta popular.

Según la constitución, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona