Gobierno no descarta ir al Tribunal Constitucional por nombramiento automático

Si bien la ministra de Educación, Magnet Márquez, afirmó que el Ejecutivo observará el proyecto de ley que plantea el nombramiento automático de docentes contratados de colegios públicos, ayer el primer ministro Alberto Otárola fue más allá y afirmó que, si el Pleno del Congreso decide aprobarlo por insistencia, no se descarta acudir hasta el Tribunal Constitucional (TC) por tratarse de una norma que es un atentado a la meritocracia que se ha implantado dentro del magisterio.

“El nombramiento automático va a afectar la caja fiscal y afecta algo importante, que es la meritocracia. El Gobierno está nombrando profesores mediante concurso y ellos estudian, se presentan y ganan la plaza”, señaló Otárola.

El premier agregó que las observaciones del Ejecutivo no corresponden a un “capricho”, sino que son resultado de los informes técnicos de cada sector.

“Creo que tenemos que buscar un equilibrio, cuando una ley es expedida por el Congreso. El Ejecutivo tiene la facultad de observarla o no, y, si se observa, no es un capricho. Si se observa, va aparejada de un informe técnico que viene de los sectores competentes para la efectivización de esa norma”, aclaró.

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Total rechazo

Esta iniciativa, que permite el nombramiento automático de profesores con más de tres años como contratados, había sido rechazada por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación (CNE), la asociación IPAE. Sin embargo, ayer el Foro Educativo y Fe y Alegría se sumaron a esta preocupación.

“Dicho proyecto de ley fue aprobado por las comisiones de Presupuesto y Trabajo sin el debate en la comisión de Educación. Urgen de políticas meritocráticas”, dijo Foro Educativo.

“La meritocracia en el ingreso y permanencia de docentes en el sistema educativo permite que los estudiantes tengan a los mejores en las aulas y reconoce el esfuerzo de quienes se preparan”, agregó el grupo de los colegios Fe y Alegría.

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La clave

La ministra Márquez señaló que se ha retirado de las escuelas a 2.612 profesores condenados por 17 delitos, como violación y terrorismo. “Detectamos que 297 de ellos habían regresado a las aulas por problemas del sistema operativo del Estado.