Áncash: alcalde que tendría orden de captura juró en el cargo por teléfono
La autoridad del distrito de Huandoval alegó que no asistió a la ceremonia de juramentación porque está enfermo.
El alcalde de la Municipalidad Distrital de Huandoval, provincia de Pallasca (Áncash), Pedro Paredes Tadey, juró en el cargo vía telefónica porque tendría orden de captura. Esta situación generó el rechazo de los ciudadanos que participaron de la ceremonia en la sede municipal. La población pidió que el burgomaestre demuestre con documentos que se encuentra delicado de salud, conforme argumentó a través de la llamada que realizó.
Los organizadores, tras leer el acta oficial, se comunicaron con Pedro Paredes, quien indicó que juraría como burgomaestre por teléfono para el período 2023-2026. También hizo hincapié que el 5 de noviembre de 2022, su proclamación como alcalde electo lo llevó a cabo ante el Jurado Electoral Especial de manera virtual.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, el primer regidor debería tomar juramento a la cuestionada autoridad, pero no lo hizo debido a los presuntos problemas legales de Pedro Paredes, lo cual no significó inconvenientes para la segunda concejal, María Estela Custodio.
La población de Huandoval exigen que la Contraloría intervenga. Foto: ITP Producción
“Sí, juro por Huandoval y la democracia”, expresó Pedro Paredes. Esta situación provocó que otra regidora exija explicaciones a la autoridad edil por no asistir a la ceremonia.
“Es por salud que no estoy presente. Yo tengo diabetes desde hace años y, hace mes y medio, me contagié de covid”, aseguró el funcionario.
Piden intervención de Contraloría
Sin embargo, su respuesta no convenció, ya que no presentó un certificado médico. Aunque la verdadera causa para no acudir al evento de juramentación en el municipio de Huandoval es que Pedro Paredes tendría orden de captura al tener condición de reo contumaz.
Su condición legal sería a consecuencia de las supuestas irregularidades en su primer gobierno en dicha comuna entre el 2011 al 2014, tras ganar las elecciones con el APRA. Los pobladores exigen que la Contraloría General y la Fiscalía intervengan.
