Puno acuerda reiniciar paro indefinido el 4 de enero para exigir renuncia de Dina Boluarte
Decisión fue adoptada por dirigentes de las 13 provincias de la región. Demandan que Congreso elija a nueva mesa directiva, porque no aceptarán a José Williams por ser un exmilitar implicado en violaciones a los derechos humanos.
Tras seis horas de intenso debate, dirigentes de organizaciones sociales y sindicales de las 13 provincias de la región Puno, decidieron retomar la huelga indefinida por la renuncia de Dina Boluarte, desde el 4 de enero de 2023. El altiplano debe quedar literalmente paralizado.
Demandan, además, elecciones generales el 2023 y referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre si está de acuerdo o no con el cambio de la Constitución.
El acuerdo unánime fue ir hasta las últimas consecuencias y, mientras se mantengan cerradas las principales vías de comunicación, se organizará la marcha de los Cuatro Suyos para tomar Lima, como medida de presión para que Boluarte renuncie por las 27 muertes que se registró en su corto periodo de gobierno.
El acuerdo preliminar es que cada comunidad elija a sus representantes que los representarán en las protestas en la capital, para insistir en la salida de Boluarte. Y, si alguien perdiera la vida en las protestas, viajará un número mayor de comuneros y les enviará alimentos para que resistan el tiempo que resulte necesario.
Pobladores de la zona sur de la región Puno bloquean carreteras. Foto: Liubomir Fernandez/ URPI-LR
En el encuentro que tuvo lugar en el local de la Casa del Maestro, el cual arrancó a las 9.00 a. m. y culminó a las 3.00 p. m., se puso en debate las consecuencias de lo que sería la renuncia de Boluarte.
Consideraron que el Congreso, ante la crisis política, tendría cambiar la actual mesa directiva para que no sea José Williams, por ser un exmilitar implicado en violaciones a los derechos humanos.
Según Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP); el nuevo presidente del Congreso debe ser alguien de consenso y, después de suceder a Boluarte, debe convocar en seis meses a elecciones generales para que el nuevo presidente asuma funciones en julio de 2023.
“La muerte de 27 peruanos en manos de las fuerzas armadas no pueden quedar impunes. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Pase lo que pase. El pueblo despertó y no vamos a parar”, dijo José Quispe, dirigente de la provincia de Chucuito-Juli.
En la reunión a la cual asistieron más de 100 personas, se dejó en claro que Dina Boluarte es responsable de que la ciudadanía se revele al sacar al Ejército para reprimir a la ciudadanía y militarizar el país. Respecto a los actos de violencia, determinaron fueron medidas sembradas por el Gobierno para deslegitimar las protesta.
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Se conformó un nuevo comité de lucha integrado por representantes de las 13 provincias. Estos se encargarán de llevar la información a sus pueblos y coordinar con los distritos sobre las medidas a adoptar en cada localidad. No obstante, la única determinación es exigir la renuncia de Boluarte, aun cuando ello signifique semanas de huelga. Recordaron que el aymarazo en 2011 duró 40 días de paralización y se logró que el Gobierno de Alan García acepte cancelar una concesión minera en una zona de frontera con Bolivia.
Los representantes de las comunidades aymaras de la zona sur de Puno se comprometieron a encabezar cualquier acto de apoyo y defensa a la provincia que resulte afectada por cualquier acto de represión.
“La cosa es clara. Si este Gobierno no se va y el Congreso no conforma una nueva mesa directiva, sabe Dios lo que pueda pasar. Dina Boluarte se tiene que ir, y debe quedar claro que no queremos a José Williams. Es ahora o nunca. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Nos han retado. Han matado a nuestros hermanos. Ahora el pueblo despertó”, aseguró Margot Coyla, dirigente aymara de Juli.
