FEMA formalizó investigación preparatoria contra funcionarios de MPCh por caso de av. Balta

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) formalizó investigación preparatoria contra dos funcionarios y una exfuncionaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) por los delitos de alteración del ambiente o paisaje, y responsabilidad de funcionario público y otorgamiento ilegal de derecho, en el caso de la afectación al sistema arbóreo de la avenida José Balta.

José González, fiscal responsable del proceso investigativo, subrayó a La República que se tomó esta medida, luego de una serie de diligencias y acopiamiento de documentación, lo cual permitió identificar responsabilidades en funcionarios de la gestión del alcalde Marcos Gasco.

En ese sentido, mencionó que, a la subgerenta de Parques y Jardines, Gladys Fenco, se le imputa el delito de alteración del ambiente o paisaje, mientras que al gerente de Infraestructura Pública y gerente general Raúl Olano se le investiga por el ilícito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derecho, y lo mismo sucede con la exsubgerenta de Estudio y Proyectos Leydi Sánchez.

“Los delitos imputados son conforme al Código Penal, y las diligencias se realizarán de acuerdo a la normativa”, aseguró, González.

Delito de desacato a la autoridad

En otro momento de la entrevista, Jaime González aseveró que se remitirían los actuados a la Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo para que, en el marco de sus competencias, investigue a los que resulten responsables por el delito de desacato a la autoridad, debido a que el ayuntamiento incumplió con presentar el plan de contingencia para el sistema arbóreo de la avenida José Balta.

“De acuerdo a la documentación que la municipalidad presentó al Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria, no existe el plan de contingencia, pues son los mismos informes que remitió a la FEMA, en su momento. Entonces, hay fundamentos para tomar acciones penales por el presunto delito de desacato a la autoridad”, expresó el fiscal.

Análisis fiscal

Asimismo, precisó que la medida cautelar que dictó el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria fue para suspender toda actividad atentatoria al sistema arbóreo (poda agresiva y posible tala), mas no prohibió que se realicen trabajos de conservación de los árboles urbanos. Por ejemplo, afirmó que el Poder Judicial no suspendió actividades para colocar algún tipo de soporte porque las raíces de las plantas están expuestas y pueden seguir derrumbándose, tal como sucedió hace algunos días.

“La autoridad judicial ordenó que se presente un plan de contingencia de conservación, lo que implica acciones para proteger a los árboles. La municipalidad tampoco cumplió, lo que evidenciaría falta de criterio técnico”, finalizó González.