Fiscal interrogará a alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco, por obra de saneamiento

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas, fue citado a declarar este lunes 17 de octubre de 2022 a las 12.00 p. m. por el fiscal Víctor Pinillo Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, quien tiene a su cargo una investigación en contra de la autoridad por delitos de exposición o abandono peligrosos, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Disposición

Según la citación a la que accedió La República, el burgomaestre deberá dar su testimonio de manera presencial ante el magistrado Paolo Martín Mezarina, del referido despacho fiscal a cargo de la investigación.

El documento, que tiene fecha 2 de septiembre, precisa que la autoridad local deberá declarar “sobre los hechos materia de investigación de la carpeta fiscal n.° 4551-2022 y otros, así como cualquier otra información que resulte relevante”.

El mismo 17 de octubre de 2022, pero a las 2.30 p. m., el fiscal Bazán Mezarina tomará la declaración de Víctor Manuel Mondragón Villalobos, gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).

Ambos funcionarios serán interrogados en calidad de investigados, además de las personas identificadas como Raúl Anderson Olano Guevara y Carlos Alberto Mendoza Medina. Estas dos últimas personas darán su versión el 17 de octubre.

Por este caso, el denunciante Jorge Chavéz Pita también dará su testimonio por las presuntas irregularidades en la obra de saneamiento.

Hechos

La investigación fiscal se basa en la denuncia de un ciudadano sobre la existencia de constantes aniegos de aguas servidas en la calle Florida producto de la ejecución de trabajos. Esta situación, de acuerdo a la versión del poblador Jorge Chávez Pita, produce contaminación en el medio ambiente y expone a los vecinos a contraer enfermedades.

El denunciante también precisó que a inicio de agosto de 2022 firmaron un acta con representantes de la MPCH, Epsel, magistrados del Ministerio Público y personal de la empresa supervisora de la obra para acordar la evacuación de aguas servidas. A pesar de que se firmó el referido acuerdo, y que participó la Defensoría de Pueblo, la situación no cambió.