Piura: 1.290 candidatos no presentaron declaraciones sobre posibles conflictos de interés
Un 35% de los postulantes a alcaldes, vicegobernadores, consejeros, regidores o que se encuentran como accesitarios no cumplieron con el compromiso.
Cerca de 1.300 candidatos en la región de Piura, que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022, no presentaron sus Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de carácter preventivo, cuyo plazo de presentación ante la Contraloría General venció el pasado 2 de septiembre.
De acuerdo al avance de presentación de las DJI, que ha sido implementada por la entidad, un total de 3.516 (100%) postulantes fueron habilitados a la fecha por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se encuentran acreditados para presentar su declaración jurada. Al cierre del plazo establecido se pudo observar que 2.226 candidatos (63%) habían cumplido con presentar su DJI, mientras que 1.290 (35%) aún no cumplen con esta disposición.
De la información pública y disponible en la plataforma de la entidad fiscalizadora, se pudo observar que, de 256 candidatos que aspiran a un puesto en la gobernatura regional, solo 138 (53%) ha cumplido con presentar su DJI. La mayoría de los postulantes que aún no facilitan la información, candidatean a los puestos de consejeros regionales o participan como accesitarios.
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De igual forma, a nivel provincias, 598 (67%) postulantes a alcaldes y regidores presentaron la documentación. Del total de 69 candidatos a una alcaldía provincial, 55 (79%) cumplieron con el compromiso. Asimismo, en el ámbito distrital, 1.491 (62%) participantes de la ERM 2022 ingresaron las DJI; mientras que, de los 338 postulantes a la alcaldía distrital, 251 (74%) entregaron la información hasta la fecha de cierre.
El dato
Contraloría General señaló que el cumplimiento de este compromiso contribuye a la transparencia del proceso electoral por parte de quienes pretenden ser elegidos, ya que deberán informar sobre sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros, con el fin de evitar conflictos de intereses que pudieran afectar el desempeño de las posibles autoridades.