Obra de av. El Dorado también presenta irregularidades en el proceso de supervisión

A las irregularidades en el proceso de reconstrucción de la avenida El Dorado, en el distrito de José Leonardo Ortiz (Chiclayo), se suman hechos adversos en el procedimiento de contratación pública especial para la supervisión de la obra por S/ 218.519, los cuales se relacionan con la formación académica del personal especial y la ejecución contractual, que difiere de las bases integradas. Esto vulnera la normativa y la eficacia de las contrataciones públicas, advirtió la Contraloría General de la República.

Según el Informe 019-2022, el ente de control alertó a la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) sobre las situaciones identificadas tras la revisión de la documentación referida al otorgamiento de la buena pro el 2 de agosto de 2022.

El equipo auditor determinó que el comité de selección consignó requisitos de admisibilidad no acordes a las bases estándar en cuanto a la formación académica del personal especialista, lo cual —afirmó— vulnera la normativa aplicable y limita los principios de libertad de concurrencia, competencia y transferencia que rigen las contrataciones del Estado.

• Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa León XIV a Perú
• Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión

En ese sentido, señaló que el comité especial, para la suscripción del contrato, solicitó a los postores acreditar la colegiatura y habilitación del personal especialista, por ejemplo, supervisor de obra, especialista en calidad, especialista ambiental e ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, no lo consideró al requerir los requisitos de admisibilidad.

Asimismo, el comité de selección otorgó la buena pro al consorcio con un plazo de ejecución contractual que difiere de las bases integradas, lo que genera un riesgo de contratar un servicio por un plazo superior al que corresponde para la ejecución de la obra. La Contraloría enfatizó que este hecho afecta la eficacia y eficiencia que deben regir en las contrataciones públicas.