El presidente Pedro Castillo anunció el inicio del programa del Ministerio del Interior (Mininter) “Retorno a su país”, a través del cual se busca expulsar a los extranjeros que cometan delitos en el Perú. Sin embargo, esta medida no sería viable, señalan expertos consultados.
La Defensoría del Pueblo (DP) indica que ya se cuenta con un procedimiento legal para la expulsión de ciudadanos de otras nacionalidades que cometan delitos en nuestro país. ‘’Existen leyes sobre cómo deben hacerse las cosas y ningún programa o ninguna decisión del presidente puede contravenir la ley y Constitución”, detalla Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la DP.
El procedimiento en sí, explica la Defensoría, está contemplado en el decreto legislativo n.° 1350 (DL de Migraciones). “Una vez que el extranjero cumplió su pena (…) puede ser trasladado al país de origen. Eso es legal, pero hay un proceso”, sostiene Percy Castillo.
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En ese sentido, el abogado penalista Mario Amoretti añade que antes de cumplir la condena no puede ser expulsado.
“Esto es por una razón bien simple: quien ha cometido un delito aquí en el país tiene que ser investigado, juzgado y sancionado por las autoridades judiciales del Perú”, sostiene.
Ahora bien, en su anuncio vía redes sociales, el presidente también agradeció “la disposición de la embajada de Venezuela y demás embajadas con las que se viene coordinando”.
Al respecto, Percy Castillo, de la DP, dice que hacer énfasis en una nacionalidad determinada “resulta inaceptable”. “Asociar los problemas de seguridad ciudadana con una población en particular sí es un tema xenófobo y hemos insistido”.
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Asimismo, el representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en el Perú, Carlos Scull, respondió el anuncio del mandatario. “Estigmatizar (y) criminalizar a venezolanos y extranjeros culpándolos por la inseguridad ciudadana –cuando sabemos que no es así– no es la solución”, aseveró. También señaló que “es importante atacar la delincuencia de manera integral” y no solo culpando a la comunidad de ciudadanos extranjeros.
Vale mencionar que el último miércoles, en la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, el premier Aníbal Torres informó que habían aprobado un proyecto de ley (PL) que propone aumentar las causales de expulsión de los ciudadanos extranjeros.
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Torres precisó que, además de deportar a las personas que cometan algún delito, se propone expulsar a aquellas con una situación migratoria irregular, así como a las que no cuenten con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, entre otras causales. La idea es, precisamente, modificar el decreto legislativo 1350, según el ministro de Justicia, Félix Chero.
La Defensoría del Pueblo rechaza el PL y tildó la propuesta de “discriminatoria y desproporcionada”. Agregó que el proyecto “criminaliza la migración irregular y afecta la dignidad de las personas refugiadas y los migrantes”. Además, sostuvo que esta clase de medidas vulneran los derechos fundamentales e incluso invisibiliza los aspectos positivos que trae la migración al país. En esa línea, Percy Castillo exhortó al Congreso a archivar la propuesta.
Mientras tanto, Mario Amoretti considera que lo anunciado por el presidente sería una “cortina de humo”.
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Carlos Scull, Asamblea Nacional de Venezuela
“Presidente Pedro Castillo, estigmatizar (y) criminalizar a venezolanos y extranjeros culpándolos por la inseguridad ciudadana –cuando sabemos que no es así– no es la solución”.
Percy Castillo, Defensoría del Pueblo
“No hay forma de que un extranjero cometa un delito y no intervenga la justicia. Primero, el Ministerio Público y luego el Poder Judicial (...). Eso es un mandado legal y, sobre todo, constitucional”.
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El año pasado, en su primer mensaje a la nación, el presidente anunció una medida similar. Dijo que los “delincuentes extranjeros” tendrían 72 horas de plazo a partir de la fecha (ese día) para salir del país.
Extranjeros en Perú están bajo la mirada xenófoba del Gobierno. Foto: archivo LR