Poder Judicial ordena a Congreso suspensión inmediata de ley que debilita a la Sunedu

Salió al frente. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima le ordenó al Congreso suspender provisionalmente la ley n° 30520 que promueve la contrarreforma universitaria. Para eso, dispuso el cumplimiento inmediato de la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo presentada por la Sunedu para evitar el desmantelamiento de su Consejo Directivo y la eliminación del licenciamiento de facultades y carreras.

Esta fue la respuesta del órgano de justicia luego de que el Parlamento lo desafiara y promulgara la citada norma, el último jueves, pese a que se le solicitó -dos días antes- paralizar el procedimiento legislativo.

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El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, debido a la rebeldía y el desacato del Congreso, tuvo que emitir dos resoluciones adicionales para que se precise lo establecido en la sentencia. Así, la noche del jueves, ordenó la inaplicación de la ley promulgada. Luego, ayer, dispuso que eso se cumpla de manera inmediata hasta que se resuelva la medida de amparo en las siguientes instancias, teniendo en cuenta que el procurador del Congreso ya apeló.

Pues bien, la decisión judicial fue saludada por la Sunedu, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones civiles; así como por los gremios de rectores y estudiantes que se mostraron en contra de que ingresen representantes de universidades a la Sunedu, en una figura similar a la ANR. Pero eso no ocurrió con los promotores de la contrarreforma universitaria, quienes han reiterado su rebeldía al PJ.

Rebeldes sin sustento

El congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, respondió que la norma “que reestablece la autonomía universitaria” ya ha sido publicada y que la sentencia no tiene alcance en esta. “Ya es ley y se tiene que cumplir”, dijo.

Sin embargo, el abogado Jorge Mori, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, advirtió que si bien la ley ya está publicada, ni la Sunedu ni las universidades pueden aplicarla porque estarían cometiendo el delito de desobediencia a la autoridad.

“La rectora de la Universidad de San Marcos (Jerí Ramón) y el rector de la PUCP (Carlos Garatea) deben tener cuidado. La norma promulgada por el Congreso dice que los rectores de las universidades públicas y privadas más antiguas del país deben convocar a la elección de sus tres miembros en la Sunedu. No obstante, todo esto ha quedado sin efecto con la demanda de amparo. Quien lo haga podría ser denunciado”, explicó Mori.

Otra legisladora que se mostró rebelde es la fujimorista Tania Ramírez. “El procurador del Congreso debe denunciar por prevaricato y abuso de autoridad a jueza que con leguleyadas desconoce nuestra facultad de legislar”, señaló. Medina, a su vez, criticó una “injerencia” del PJ. “Es como un congresista más, el 131″, dijo repitiendo lo que señaló su colega Patricia Juárez.

En respuesta, el constitucionalista Luciano López, que participó en el proceso de amparo como litisconsorte, aseveró que la jueza Milagros Grajeda no “legisló” en su sentencia sino que se resaltaron los límites del Congreso frente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. “Ha dicho que no deben legislar en contra de los fallos del TC y del derecho a la educación universitaria”.

Por el momento, el Foro Educativo y el Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria se alistan para llevar la ley al TC, a fin de que esta sea derogada.

Presidenta del PJ: “Tienen el deber de cumplir sentencias”

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, expresó que las sentencias judiciales son mandatos que todos deben cumplir, e invocó a dejar el agravio contra los jueces cuando se está en desacuerdo.

“Se debe tener claro que no existe espacio alguno que esté exento de control constitucional, pues los jueces tenemos el mandato normativo de ejecutar y administrar justicia”, dijo.

Por su parte, más de 40 gremios estudiantiles, entre ellos los de la PUCP, del Callao y de la UNI denunciaron el “autoritarismo parlamentario” y ratificaron que el sábado 6 de agosto se realizará una marcha nacional en defensa de la educación. Esperan que no haya retrocesos.

La palabra

Luciano López, constitucionalista

“La Sunedu no tiene que cumplir la ley promulgada porque debe terminar el proceso de amparo. La jueza ha sido clara con los límites del Congreso: no se puede legislar en contra de los fallos del TC”.