Demandan al Congreso cumplir sentencia que frena la contrarreforma

Un día después de que el Poder Judicial (PJ) declarara fundada la demanda de amparo que frena el avance de la denominada contrarreforma universitaria, la Sunedu, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones civiles; así como congresistas, rectores y estudiantes de universidades, demandaron al Parlamento que cumpla con la sentencia y ya no promulgue la autógrafa de la ley.

Y es que el fallo de la jueza Milagros Grajeda, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, deja sin efecto el procedimiento legislativo que pretendía cambios en la Ley Universitaria, como incorporar al Consejo Directivo de la Sunedu a representantes de universidades elegidos por los mismos rectores, o eliminar el licenciamiento de facultades y carreras.

Para ello, en sus más de 20 páginas de sentencia, la jueza refiere que las iniciativas del Poder Legislativo contravienen y desconocen las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), por lo que resultan una amenaza a la cosa juzgada y al derecho a la educación universitaria de calidad de los estudiantes.

Asimismo, ordena al Congreso a observar el contenido de los fallos del TC al momento de ejercer su función legislativa.

En ese marco, el procurador de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez, sostiene que el Parlamento ahora debe enviar al archivo esta iniciativa que “restablece la autonomía universitaria” o, si deciden reabrirla en una comisión, tendrán que reformularla tomando en cuenta lo dicho por el TC. “Ya no pueden publicarla en el diario oficial El Peruano”.

Precisamente, este pedido fue plasmado en un oficio remitido por el superintendente Oswaldo Zegarra a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. De esta forma, solicita que acaten la sentencia del PJ.

No obstante, aclara Rodríguez, si el Parlamento aun así decide promulgar la contrarreforma, la jueza puede denunciar a Alva y a otros involucrados por el delito de desobediencia a la autoridad. “Ningún funcionario administrativo ni legislativo puede desconocer sentencias del PJ”, indica el abogado.

Desde las universidades

La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), el Consorcio de Universidades (PUCP, Pacífico, Cayetano Heredia y la de Lima), así como el Centro de Estudiantes de la del Callao, también exhortaron al Congreso a no promulgar la autógrafa y decretar su archivo. “Si bien puede legislar, no lo puede hacer ajeno a la Constitución y a sentencias del PJ”, dice la Aunap.

El mismo pedido lo compartió la congresista Flor Pablo, del Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria, a través de un oficio remitido a la Presidencia del Congreso. En él subrayó uno de los principales argumentos de la resolución judicial: “Se pretende emitir una norma que flexibiliza el control y supervisión que se ha exigido sobre las universidades para mejorar el servicio que prestan”.

A ello se sumó la Defensoría del Pueblo, que demandó cumplir el mandato judicial “conforme a un Estado de derecho”.

Otros caminos y apelación

Si bien esperan que el Parlamento no promulgue la ley, lo que sí puede hacer su procurador es presentar un recurso de apelación y que este llegue a la segunda instancia, la cual definirá si revoca o ratifica la sentencia. En el primer caso, la Sunedu podría acudir al TC con un recurso de agravio constitucional. En el segundo, el Congreso no podría hacerlo, señala Rodríguez.

Otra medida que por ahora queda en suspenso es la acción de inconstitucionalidad, para la cual el Foro Educativo y otras organizaciones civiles llegaron a recolectar 12.000 de las 5.000 firmas ciudadanas requeridas.

“El Congreso podría apelar, pero lo que debe hacer es detenerse y repensar su acción. Nosotros tenemos la demanda y estamos atentos. En el momento que sea necesario, la ponemos en marcha. Ahora está en stand by, ya que la ley hoy no es aplicable”, dice el presidente del Foro Educativo, Severo Cuba.

Añade que la movilización e indignación por las iniciativas en cuestión deben seguir vigentes. “El Congreso ha gastado dinero de los peruanos en producir una ley inconstitucional”. Pide avanzar en un nuevo escalón de la reforma. Las universidades están de acuerdo, para lo cual demandan más recursos.

Algunos puntos claves del fallo de la jueza

1″Las propuestas del proyecto de ley son una amenaza al derecho constitucional de la educación universitaria”. Se cuestiona así que la exposición de motivos “pretenda librar de sanciones” a quienes no brindan una educación de calidad.

2 “Se pretende eliminar la función de Sunedu, consistente en aprobar o denegar solicitudes de licenciamiento (...) sin considerar que la crisis de la educación determinada por el TC se debió a la falta de supervisión”.

3″Se busca eliminar cualquier supervisión que la Sunedu pueda realizar respecto de la calidad educativa”.

En primera instancia

Jueza señala que el Congreso puede modificar y derogar normas, pero deben estar orientadas a proteger el derecho a una educación de calidad.