Minería ilegal: indígenas destruyen dragas y detienen a operadores en Amazonas

Indígenas awajún de la provincia de Condorcanqui (región Amazonas) destruyeron dos dragas que eran usadas para la minería ilegal en el río Cenepa, la madrugada del domingo 22 de mayo. En esta intervención también detuvieron a cinco operadores de estos equipos, que se ubicaban entre las comunidades Tutino y Pagki, en la zona denominada Umar 7.

Los hechos fueron dados a conocer por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el gremio representativo de la población indígena amazónica. Estas acciones fueron desarrolladas por el Comité de Autodefensa Indígena de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Igualmente, los líderes decidieron actuar cuando encontraron a los ilegales en flagrancia.

Según una publicación de la Aidesep, los comuneros actuaron “cansados de la inacción del Estado ante el avance de la minería ilegal en el Cenepa”.

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Las personas detenidas fueron identificadas como Erik Anauca Romero, Herasmo Mejía, Cristian Chavez, Elvis Vasquez y Amanas Asqui. Indicaron que estos sujetos serán puestos a disposición de las autoridades.

Agostina Mayan, presidenta de la Odecofroc, sostuvo que una comitiva conformada por efectivos de la Policía y el Ministerio Público ya se ha trasladado al lugar.

“Hay 20 dragas grandes y se ha quemado dos, pero todavía quedan 18 dragas al interior del Cenepa”, preció la lideresa awajún para el portal de la Aidesep.

Ya desde 2019, la comunidad awajún de Huampami, asentada en Condorcanqui, denunciaba la presencia de mineros ilegales y pedían la intervención de la Marina de Guerra.

En 2020, líderes awajún llegaron a Lima para hacer énfasis en esta problemática y pedir ayuda del Ejecutivo.

Entre los graves problemas sociales y ambientales que conlleva la minería ilegal, está la contaminación por mercurio, que resulta especialmente nociva en contacto con los ríos. Estas actividades en los cuerpos de agua están prohibidas en el Perú desde 2012, a través del Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal.