El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sigue cumpliendo con los transportistas que tomaron las carreteras; en perjuicio de los peatones que sufren accidentes a diario.
Ayer, por la tarde, con las firmas del presidente Castillo y el premier Aníbal Torres, el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para condonar las multas impuestas durante la pandemia del Covid-19 a los conductores que brindan el servicio de transporte de personas y mercancías en todo el país. Esto comprende a los choferes de combis, taxis, autos colectivos; así como de camiones de carga, e incluso de mototaxis.
Sin embargo, según señala el MTC, esta amnistía será “limitada”, ya que se excluirá a los choferes que hayan cometido infracciones graves que afectan tanto la seguridad vial como la vida y la salud de las personas.
De esta manera, no se beneficiará a quienes fueron sancionados por haber manejado en estado de ebriedad, por haber superado el límite máximo de velocidad o por haber agredido a los inspectores municipales y los fiscalizadores de la Sutran y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao. Tampoco se incluirá a los transportistas de carga que trasladaban materiales o residuos peligrosos sin contar con autorización o con vehículos no habilitados.
“La amnistía es aplicable a las infracciones cometidas desde el 16 de marzo del 2020 y busca eliminar legalmente la sanción administrativa. Y es que los transportistas han sido afectados, económicamente, por la reducción del aforo y el alza de los combustibles”, se lee en el fundamento de la propuesta.
Para el presidente de la Fundación Transitemos, Alfonso Flórez, esta es una propuesta populista que genera una imagen de impunidad. “Pero no es nuevo. Ya lo hacen los municipios con rebajas de multas”, indica.
También precisa que es probable que el proyecto de ley elimine el 90% de las actas de control impuestas por los inspectores municipales, de la Sutran y de la ATU, por circular sin autorización o detenerse en paraderos prohibidos.
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“No se perdonarán las multas que aplica la Policía de Tránsito”, señaló.
Por su parte, el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, sostiene que se está planteando un mal precedente, por lo que solicitó al Congreso rechazar esta iniciativa; aunque se debe indicar que existen legisladores que también tienen vínculos con transportistas.
“En este caso, hemos propuesto que se habiliten juzgados administrativos de tránsito, para que sean jueces quienes se encarguen de dictaminar la multa y ya no las municipalidades u otras instituciones. Esto haría que ya no haya excesos, por un lado, ni papeletas sin pagar, por otro, como hoy ocurre”, dijo.
El Ejecutivo también elaborará una resolución ministerial que “reestructurará” la Sutran en materia de multas. El titular del MTC, Nicolás Bustamante, señaló que eso se hará porque existe “malestar entre los transportistas”.
“Por un lado se aprueba el reglamento de los autos colectivos con una serie de obligaciones y, por otro, debilitas a la Sutran y le quitas esta potestad sancionadora. ¿Quién fiscalizará todo esto?”, criticó Flórez.
El proyecto de ley muestra el grado de sometimiento del Ejecutivo a las demandas de los transportistas de carga y pasajeros.
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