Ante la dilación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) para presentar el peritaje técnico y financiero al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para la culminación de la obra de saneamiento del casco central, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Contraloría General de la República investigar esta situación, ya que este proyecto está paralizado hace casi 10 años, lo cual afecta a 26.000 personas.
Fue la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, quien solicitó el inicio de acciones de control tras los reiterados pedidos del MVCS al ayuntamiento, los cuales no han sido atendidos.
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El proyecto se inició en 2012 a cargo del contratista Consorcio Chiclayo; sin embargo, en mayo de 2013, el municipio acordó resolver el contrato. La obra se paralizó con un avance físico del 39%.
La MPCH utilizó los recursos de la Reconstrucción con Cambios para ejecutar cuestionada obra.
Lisette Vásquez afirmó que, a pesar de la importancia del proyecto que conlleva a reemplazar las antiguas redes de agua potable y alcantarillado de la zona céntrica de la ciudad de Chiclayo por una infraestructura nueva, su ejecución se aplazó a lo largo de los últimos años.
En ese sentido, mencionó que la Defensoría del Pueblo insistió en los últimos años en la necesidad de reiniciar las obras, a través de diferentes informes y reuniones con los sectores involucrados.
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Aseguró que, desde el 2014, el MVCS viene solicitando a la comuna los informes técnico, financiero y legal del porcentaje de la obra ejecutada y el expediente técnico del saldo de obra, pero la entidad edil continúa sin entregar dicha información.
Incluso precisó que la MPCh incumplió con el último plazo de entrega, del 18 de febrero de 2022, para remitir los documentos al Ejecutivo para lograr el reinicio del proyecto.