El poder del chicote para impartir justicia comunitaria

Miércoles 26 de enero de 2022. 09:00 horas. Apenas descendimos del vehículo a la plaza de Macusani el frío golpea. Hemos viajado cinco horas desde la ciudad de Puno.

En esta capital de la provincia de Carabaya de casi 80.000 habitantes se respira un ambiente tenso. Por sus calles pavimentadas caminan los ronderos, se dirigen al local de las Rondas Campesinas. En sus pechos llevan cruzados chicotes. Verificarán en qué condiciones se entregará a la justicia ordinaria a Richard García Chislla y su pareja Agustina Sucapuca Mamani. Las rondas retuvieron a García y le hicieron confesar su crimen: cómo planificó y asesinó a su esposa y madre de sus dos hijos Rosa Mendoza Ccasa. El crimen no lo perpetró solo. Actuó en complicidad con Juvenal Ochicua Omonte, ahora prófugo. El homicida incriminó además a Agustina Sucapuca Mamani, como su instigadora.

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Hace 15 días, las rondas retienen a García y la supuesta instigadora. Esta mañana debían entregarlos al Ministerio Público. Desisten porque el fiscal desechó sus investigaciones. Piden la presencia de la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios para entregar a sus reos. Ante ellas piensan quejarse de los operadores de justicia de Puno. En su versión, los ningunearon en sus actuaciones pese a que resolvieron en tiempo récord el feminicidio que implica García.

Poder ronderil

Un colega de radio nos recomienda presentarnos formalmente a los directivos de las rondas. Pedir permiso para la cobertura. De lo contrario, estaríamos invadiendo sus fueros y eso ameritaría un par chicotazos en casos extremos. Les explicamos, aceptan previa votación. Nos permiten conversar con el presunto asesino. Este, en cámaras, repite su confesión. Se muestra arrepentido y dice que aceptará las sanciones físicas que le impongan. Ya pasó cadena ronderil por varios distritos para que “reflexione” por lo que hizo.

La justicia ronderil es común en Macusani. Los habitantes acuden a esta organización para resolver sus conflictos frente a la ineficacia del Estado y el sistema de justicia.

Walter Churata Morocco, presidente de la ronda provincial de Carabaya, nos recibe en su oficina en el segundo piso de su local institucional. El ambiente es similar a un juzgado cualquiera. Hay computadoras y cuadernos donde se registran las denuncias, las sanciones y los acuerdos entre las partes.

“Acá por ejemplo hay una denuncia de José Fernando Quispe Gonzales, contra otra persona por estafa. La persona denunciada no pagó por un equipo de sonido. Entonces se ha actuado”, dice Walter Churata.

Las rondas resuelven todo tipo de casos, salvo los perseguibles por la ley. En sus registros se puede evidenciar incluso hasta denuncias de difamación, agresión, robo, desaparición, y otros.

“Imponemos sanciones comunitarias. No basta la versión de confesión. Tenemos que comprobar. Y cuando comprobamos los castigamos a trabajos comunitarios y si es muy grave para que reflexionen usamos ortiga. Nosotros sabemos que los delitos graves tienen que ser sancionados por el Poder Judicial. Pero la gente, a veces, nos pide porque no confían en los jueces y fiscales. Hay corrupción y mucha lentitud”, dice Walter Churata. En las rondas los casos de denuncias, agresiones y otros, en la mayoría de casos, se resuelven en dos semanas y máximo un mes.

Procesos sumarios

La celeridad se debe a sus métodos. En caso de deudas, por ejemplo, una comisión de tres personas convoca al demandado. Si está acreditada la deuda se fija la forma de pago. El acuerdo se registra en el “libro de compromisos”. Ahí se definen las condiciones de pago. En caso de agresiones familiares se obliga a cualquiera de las partes a no agredir a la pareja. Previamente los hacen reflexionar si quieren seguir juntos o no. El que incumple el acuerdo es sometido a castigo. Puede pasar cadena ronderil por varios distritos o realizar trabajos comunitarios. Hasta ahora no hay alguno que se haya burlado de las rondas.

En Macusani, literalmente las rondas han sustituido al Estado. Ello a la vez ha dado pie a que varios especialistas adviertan excesos con relación a la libertad y los castigos físicos que a veces se pueden traslucir en algún vejamen contra los derechos fundamentales de las personas.

La inquietud se la trasladamos a Walter Churata. Este dijo que su rol se basa en el derecho consuetudinario, caracterizado por ser el conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad. Alegó que siempre actúan respetando los Derechos Humanos.

Sin embargo, por otro lado defendió la decisión por mayoría de mantener aún en custodia a Richard García porque el Estado, en su versión, los ha ninguneado en su arduo trabajo de descubrir el crimen.