Lambayeque: advierten perjuicio de S/ 1,1 millones en agravio de municipio de La Victoria

El megaoperativo anticorrupción en la región Lambayeque permitió a la Contraloría General de la República identificar un perjuicio económico de S/ 1 133 538 en agravio de la Municipalidad Distrital de La Victoria, así como responsabilidad civil y administrativa en 11 funcionarios y servidores de dicho ayuntamiento.

Este caso es por el otorgamiento de vales de consumo a empleados y obreros sin evaluar previamente el cumplimiento de los requisitos establecidos por Ley para otorgar dicho beneficio. Los hechos se registraron entre el 2019 y 2020.

De acuerdo con el Informe N° 019-2021-2-273, el municipio otorgó a cada trabajador S/ 300 mensuales por concepto de refrigerio en el marco de pactos colectivos con el Sindicato Unitario de Trabajadores (SUT) y el Sindicato de Obreros Municipales (Somun). Sin embargo, estos desembolsos no correspondían al no configurarse como condición de trabajo, tal como indica el Informe Técnico N° 1095-2018 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Los hechos

La entrega de vales de consumo fue aprobada por representantes de la entidad que conformaron las comisiones negociadoras de los sindicatos mientras la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional emitieron sus informes sin efectuar evaluación previa.

De esta manera, precisó la Contraloría, el alcalde Rony Olivera aprobó el beneficio sin evaluar si guardaba las características de condición de trabajo.

También, señaló que el jefe de Personal elaboró los términos de referencia y especificaciones técnicas para el abastecimiento de los víveres o bienes de consumo del personal afiliado al SUT y SOMUN (2019 y 2020), pero sin establecer la finalidad pública de la contratación y sin definir el alcance de la prestación.

Acciones legales

Cabe indicar que el informe con las conclusiones de la intervención se remitió al procurador público de la Contraloría para el inicio de las acciones legales contra 11 funcionarios y servidores, a quienes se les identificó responsabilidad civil y administrativa.