Un gobierno sin estrategia para enfrentar conflictos en el corredor minero

Los conflictos sociales en el corredor minero del sur se prenden y apagan. Son cuarenta comunidades de Cusco y Apurímac, asentadas a lo largo de esta vía utilizada para transportar el cobre en camiones. Todas esas localidades tienen un reclamo: por contaminación, uso de terrenos, etc.

Las comunidades originarias de la provincia de Espinar en la región Cusco dieron una tregua el 8 de octubre, pero la “ausencia del gobierno”, dicen ellos, motivó que ayer anunciarán que retomarán la huelga.

Flavio Huanque, coordinador de las comunidades, sostuvo que en cualquier momento bloquearán el corredor minero. Exigen la llegada del presidente Pedro Castillo y la premier Mirtha Vásquez, para retomar el diálogo. Sus pedidos fundamentales son la consulta previa para las operaciones de la minera Antapaccay y la asistencia integral para las personas con metales tóxicos en la sangre.

Tregua en Cotabambas

Los pobladores de la provincia de Cotabambas en la región de Apurímac desbloquearon ayer el corredor. Hasta hoy aguardarán la publicación del Decreto Supremo que instala la mesa de diálogo. Ellos protestan contra la minera Las Bambas.

“Llegaron con un borrador y solo funcionarios de rango menor. Es una burla, por eso es que nos vimos obligados a entrar en paro, ojalá esta vez cumplan y mañana (hoy) traigan el documento”, apuntó el presidente del Frente de Defensa de Cotabambas, Víctor Limaypuma.

Para el sociólogo José Lapa, el gobierno carece de una estrategia para resolver los conflictos. “Es un gobierno en permanente tensión que por ahora solo muestra debilidad e ineficiencia”, dijo.

El antropólogo Miguel Burgos remarcó que las mesas de diálogo deben ser vinculantes y que las mineras deben pagar un impuesto por sobreganancias.

Predomina la política del bombero, cuando se prende el incendio, el gobierno lo apaga y solo retorna cuando las llamas vuelven avivarse, a veces con consecuencias fatales.