Procuraduría: macrorregión norte acumula 17.396 casos de corrupción

Actualmente, en el Perú existen unos 51.000 casos de corrupción a cargo de la Procuraduría Pública Anticorrupción. De estos, 17.396 eventos se registraron en las localidades que conforman la macrorregión norte. Esta última cifra representa un 34% de la incidencia total a nivel nacional.

Mapa de la corrupción

En declaraciones a la agencia Andina, el procurador anticorrupción Javier Pacheco Palacios informó que su institución elaboró un ‘mapa de la corrupción’, donde se ha considerado a las cinco regiones con más casos y a las cuales se les ha denominado como ‘calientes’.

En dicha lista, Áncash se sitúa como la segunda jurisdicción con más incidencia (5.298 casos), solo detrás de Lima (10.555). Como tercera está Cusco (3.710), seguida de Junín (3.051) y Ayacucho (2.539). La Procuraduría Pública Anticorrupción centra su atención en estas localidades por sus altos niveles de corrupción.

El norte

En referencia específica a la zona norte, detrás de Áncash aparece Loreto, con 2.122 casos. Seguidamente, Piura (2.067), La Libertad (1.952); Lambayeque (1.834) y San Martín (1.573). Con menos de 1.000 casos figuran las regiones de Cajamarca (962), Amazonas (917) y, finalmente, Tumbes (671).

Los recientes casos de corrupción en varias de estas regiones norteñas involucran a sus más altas autoridades, como el caso del suspendido gobernador de Áncash, Juan Morillo Ulloa, quien se encuentra recluido en un penal como parte de las indagaciones por presuntas irregularidades en la implementación de hospitales.

En Lambayeque, el gobernador Anselmo Lozano Centurión (hoy suspendido) afronta un proceso indagatorio sobre supuesta corrupción durante su gestión como burgomaestre distrital. Igual es la situación de los exalcaldes de Chiclayo, Roberto Torres y David Cornejo; actualmente preso e investigado con prisión preventiva, respectivamente.

Manejo de recursos

Pacheco Palacios refiere que con el proceso de descentralización hubo una mayor inversión destinada a las regiones, pero no se ha regulado el perfil de los funcionarios encargados de administrar esos recursos, lo que lleva a la desviación de los mismos o a infracciones de la norma.

“Lamentablemente el requisito es ser amigo del gobernador o del alcalde, siendo así se presta a que los funcionarios no sean los más idóneos o los correctamente formados para hacer lo que la ley manda, incurriendo en delito de corrupción”, argumentó el procurador anticorrupción.

Afirmó que pese a las limitaciones de la Procuraduría, estos casos se afrontan con autonomía y eficiencia, en el marco de sus competencias.