Pese a ser accionista y fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista, con sedes en Lima y Callao, el congresista de Podemos Perú José Luis Elías Ávalos es miembro titular de la Comisión de Educación y, por consiguiente, tendrá voz y voto durante el debate de los primeros proyectos de ley que pretenden cambiar las reglas exigidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Ávalos es un conocido opositor a la reforma universitaria.
Antes de pasarse a las filas del partido de José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Telesup, no licenciada y declarada en férrea rebeldía a la Sunedu, Ávalos en el 2014 votó en contra de la Ley Universitaria y cuando esta fue aprobada intentó modificar y derogar varios de sus artículos bajo el argumento de que atentaba contra la autonomía de las universidades.
Es más, también intentó reactivar la ‘ley Cotillo’, que buscaba mantener a los rectores rebeldes a la Sunedu y presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria, pero no logró su objetivo.
Pues bien, hoy Ávalos guarda silencio. La República buscó su versión, pero no tuvo éxito. En su primer mes como miembro titular de la Comisión de Educación solicitó la presencia del ministro Juan Cadillo.
Así, días después, durante una reunión, el legislador de Podemos Perú instó al titular del Minedu a presentar un informe pormenorizado sobre la situación actual de la denegada Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica).
Hay que precisar que si bien la universidad de Ávalos logró su licenciamiento en el 2019, deberá renovar su autorización en los próximos cinco años cuando la Sunedu exija un nuevo proceso de licenciamiento.
Otro caso de conflicto de intereses en la Comisión de Educación es el del parlamentario fujimorista David Jiménez, quien es dueño de la Universidad Privada Franklin Roosvelt, en Huancayo, la cual no fue licenciada por la Sunedu. Él, ante las críticas, se ha visto obligado a renunciar a ser miembro titular del grupo y cedió el cargo a su colega María del Pilar Cordero.
Eso lo hizo luego de que el congresista de Perú Libre Jorge Marticorena enviara un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para que le pida a sus bancadas cambiarlos por los claros vínculos con universidades privadas.
Marticorena ha estudiado en la San Luis Gonzaga de Ica. Pese a ello, está favor de la reforma universitaria y la Sunedu.
Ante estos casos, la parlamentaria del Partido Morado Flor Pablo anunció que presentará un proyecto de ley para evitar futuros conflictos de intereses en las comisiones. Eso pasará por modificar el reglamento del Congreso. “No pueden seguir primando los intereses de los promotores de universidades”.
A la fecha, hay 51 universidades con licenciamiento denegado.