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Amnistía Internacional Perú exige que se derogue la Ley de Protección Policial

La organización pidió que dicha ley sea eliminada por ir en contra de los derechos humanos y fomentar la impunidad en casos de abuso de las fuerzas del orden.

protesta
Uno de los afectados contó que el impacto de la munición le generó el desprendimiento de la retina. Foto: Antonio Melgarejo / La República

Tras los asesinatos de Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo como producto del abuso policial durante las marchas, Amnistía Internacional exigió la derogación que protege a dicha institución.

“Amnistía Internacional demanda la derogación inmediata de la Ley de Protección Policial (Nº 31102) por violar el derecho internacional de los derechos humanos y dejar una puerta abierta a la impunidad y uso excesivo de la fuerza por agentes del orden”, se pudo leer en su cuenta de Twitter.

La organización pidió que esta legislación no se aplique para las recientes denuncias por el actuar violento de las autoridades en las protestas: “En ese sentido, pedimos que esta norma, en tanto no sea derogada, no se aplique para los casos de uso excesivo e innecesario de la fuerza registrados los últimos días en Lima, Perú”.

Como se recuerda, la Ley de Protección Policial fue promulgada por insistencia del Congreso en el mes de marzo, pero recibió muchas críticas porque deroga el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, lo que podría provocar abusos de la Policía en manifestaciones, tal como ha ocurrido durante las protestas tras el golpe de Estado.

Otro punto que planteó la norma es la prohibición de la prisión preventiva o preliminar para los agentes del orden. Una medida que podría originar impunidad para aquellos que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos.

“Ya anteriormente la Corte Suprema se pronunció, en un acuerdo plenario del 2019, que no se puede hacer consideraciones personales por el simple hecho de ser policía. Siempre hay que analizar el caso concreto. Ahora, esto podría pasar factura en este contexto, ya que podrían argumentar que están en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, no podrían ponerles prisión preliminar en ningún caso”, advirtió Romy Chang en una entrevista anterior a La República.

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