Subasta de tierras en proyecto de irrigación Olmos benefició a Odebrecht

La Contraloría General de la República observó el contrato de concesión del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Proyecto Irrigación Olmos suscrito el 11 de junio de 2010 entre el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) en condición de concedente y la concesionaria H2Olmos (Odebrecht). La obra costó más de $ 198 millones.

En diciembre de 2019, el ente de control detectó un perjuicio económico de $ 17 millones en el componente de trasvase del mismo proyecto, lo que involucró a ex consejeros regionales y funcionarios del Proyecto Olmos Tinajones (PEOT) que en ambos casos cumplió funciones de supervisor.

Irregularidades

En esta oportunidad, la Contraloría determinó que la adenda n.° 2 firmada el 30 de mayo de 2012, cuando el hoy congresista Humberto Acuña Peralta era presidente regional de Lambayeque, se finiquitó en un contexto de irregularidades.

Según la Auditoría n.° 9543- 2020, el Gobierno regional, con opinión favorable del PEOT, suscribió dicha adenda al contrato de concesión a solicitud de terceros, que no tenían la condición de acreedores permitidos, y sin contar con sustento técnico y financiero.

Cabe indicar que el hecho está relacionado con la subasta de las 38.000 hectáreas de terrenos, que permitió a H2Olmos vender los lotes pendientes de adjudicación y los lotes de las empresas adjudicatarias que perdieron dicha condición por no cumplir requisitos previstos en las bases del contrato.

De este modo, 11 633 846 hectáreas fueron adquiridas por una empresa vinculada a H2Olmos por $ 6 millones 978 mil 282 que corresponden al monto base de tierras.

Compra de lotes

Si bien esta venta conllevó al cumplimiento de las condiciones para realizar la subasta, la Contraloría precisó que se favoreció a la empresa relacionada a Odebrecht al permitirle la compra de lotes a un precio base, que posteriormente vendió en su totalidad a $ 22 millones 493 mil.

En el documento, indica que este hecho generó beneficios a la empresa y eliminó toda posibilidad de que se generen excedentes a distribuir entre el GRL y H2Olmos, que tiene la concesión del proyecto de irrigación de 25 años.

Responsabilidades administrativas y penales

La Contraloría identificó presuntas responsabilidades administrativas y penales en el entonces presidente del consejo directivo del PEOT, Germán Fernández, y en los integrantes del colegiado: Luis Gonzáles, Víctor Hernández, Genaro Vera, Segundo Carbajal, así como en el ex asesor legal Marlon Peralta.