El Consejo Regional de La Libertad pide que se soliciten los antecedentes penales a todos los funcionarios que han sido designados en los cargos de confianza del Gobierno Regional, a fin de verificar que no estén impedidos de ejercer dicha función pública, en concordancia a la ley N° 31042.
Como se sabe, el 15 de setiembre entró en vigencia la ley N° 31042 en cuyos artículos señala: “Artículo 34-A. Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso. En el Artículo 39-A. Están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.
Fue el presidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz, quien señaló que se debe cumplir con la ley y que todos los funcionarios deben tener la capacidad e idoneidad para los cargos de confianza.
“Mediante oficio N° 101 del 18 de setiembre, solicité al gobernador regional, Manuel Llempén; al gerente general; y subgerenta de recursos humanos que se aplique esta ley. Pedido que fue reforzado por el pleno en acuerdo N°096-2020 y así se implemente en la institución que ningún funcionario tenga sentencia condenatoria”, detalló Quiroz a la prensa.
Greco Quiroz además agregó que “se tiene que revisar los expedientes y se ha pedido los antecedentes penales a los funcionarios de confianza y si hay alguno que incumple la ley, debe ser cesado".
"De lo contrario el pleno del Consejo Regional tomará acciones. Se debe garantizar la capacidad y la idoneidad de parte de los funcionarios públicos”, concluyó.