Contraloría demanda a autoridades de la UNPRG por presunto perjuicio económico

La Contraloría General de la República demandó a autoridades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), tras detectar que existiría un daño económico de más dos millones de nuevos soles en el pago de asignaciones para el personal de esta casa superior de estudios.

Demanda

De acuerdo al expediente N° 00310-2020-0-1706-JR-CI-04, la procuradora de la Contraloría, María del Carmen Barragán Coloma, ingresó una demanda ante el Cuarto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo por la que pretende que se cancele una indemnización similar al monto del supuesto perjuicio económico producido en la institución universitaria.

La demanda se basó en el informe de auditoria de cumplimiento N° 022-2018-2-0205, donde se señala que el Consejo Universitario nombró en 2016 a una comisión para que reglamente las asignaciones que se otorgarían a autoridades y funcionarios de la UNPRG.

Dicha propuesta fue respaldada en mayo de ese año y, luego, presuntamente aprobada provisionalmente por el rector Jorge Oliva en una escala de asignaciones por función directiva dirigido a personas que ocupasen cargos de alta dirección.

Además, se autorizó una escala de asignaciones por responsabilidad directiva al personal que ejerció jefaturas de oficina, y a los decanos de facultades a implementar una escala de asignaciones.

Cabe indicar, que la acción legal fue interpuesta contra el rector Jorge Oliva y otros; demanda que ya fue admitida por el juzgado civil en mención.

Responde

En diálogo con La República, el rector de la UNPRG, Jorge Oliva Núñez, indicó que las asignaciones tuvieron una naturaleza de “ser únicas” para los directivos de la UNPRG y consideraban montos inferiores a los establecidos por gestiones anteriores.

Oliva Núñez precisó que las asignaciones dadas en su gestión se dieron por productividad, según establece la Ley Universitaria; es decir, consistían en compensaciones de acuerdo al trabajo que realizaba el personal que ocupase cargos de la alta dirección.

“Siempre se han dado este tipo de asignaciones para compensar el trabajo del personal. En la gestión anterior, del 2013 al 2015, se dieron pagos muy excesivos, que incluso habrían causado un perjuicio de más 34 millones de soles. Y en eso hay evidencia, ya que son casos judicializados e investigados en el Ministerio Público. Sin embargo, en nuestra gestión quisimos regularizar estos pagos”, afirmó.

Líneas seguidas, Oliva aclaró que cuando iniciaron su gestión en el 2015 se acogieron a un estatuto de la universidad, que contemplaba una asignación única por todo tipo conceptos: examen de admisión, examen de ubicación, examen de exonerados, entre otros.

“Aquí no hay regularidad. Tenemos sustento legal, según la Ley Universitaria, que establece un tipo de asignación para el personal por su productividad”, subrayó.

La autoridad mencionó que hasta la fecha no se le notificó a cerca de esta demanda, sin embargo, indicó que harán prevalecer la transparencia de su gestión en dicho proceso judicial.