La violencia familiar se incrementó en regiones del sur con la cuarentena

José Víctor Salcedo

La violencia no se detuvo en cuarentena. La línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) siguió recibiendo denuncias de agresiones a mujeres e integrantes del grupo familiar durante la pandemia del COVID-19.

Según esta línea solo en julio, las cifras por violencia aumentaron en 133 %, respecto del mismo periodo de 2019. La mayoría de las víctimas fueron mujeres: 78%.

El investigador del Centro Bartolomé de Las Casas (CBC), Jair Vargas-Ventura, comparó las cifras de denuncias hechas a la línea 100 en 2019 y 2020.

En el sur, Apurímac es la región con el mayor incremento de casos y ocupa el segundo lugar a nivel nacional. En la región chanka, de enero a julio, se hicieron 1189 denuncias. Y solo en julio hubo 293, tres veces más con relación al mismo mes del año pasado.

Mientras que en Cusco, en los siete primeros meses del año, hubo 4187 hechos de violencia. En julio se incrementó en 250%: en 2019 había 299 y ahora 1047.

En Puno, hay un total de 3390 casos en este año sin contar agosto. El mes pasado hubo un aumento de 243% en contraste con las cifras del 2019. De 230 pasó a 788 casos.

Arequipa es la región con las estadísticas más bajas. De enero a julio se contaron 5614 denuncias. El mes pasado, los casos se elevaron en 201% respecto al 2019.

Problemas de atención

Estos hechos de violencia a causa de las restricciones por el estado de emergencia sanitaria, solo quedaron registradas como verbales o están encalladas en las comisarías.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, Miriam Pinares, refirió que, aunque hay muchos casos por violencia atendidos por los juzgados de familia, son inferiores a los del año pasado. “Hay menos cantidad de denuncias que en el 2019. Es posible que la emergencia esté frenando que los casos lleguen a los juzgados”, observó Pinares. Los jueces del módulo judicial encargado de ver casos de violencia familiar no dejaron de trabajar ni un solo día desde el inicio de la pandemia.

El investigador Vargas-Ventura sostuvo que las medidas de aislamiento social tuvieron un impacto negativo en la tramitación de estas acusaciones. “El Centro de Emergencia Mujer (CEM), ente encargado de atender y acompañar las denuncias telefónicas para el cumplimiento de su proceso, dejó de atender al público, en la mayoría de sus funciones”, precisó.

Ayuda a las víctimas

El investigador también precisó que “las fiscalías redujeron sus horarios de atención, las pruebas en las cámaras Gesell ordenadas para menores están demorando en su práctica y, además, solo se aplican para casos de flagrancia”.

Vargas-Ventura sostuvo que es necesario dotar de herramientas e insumos para la prevención del contagio a trabajadores del CEM y así, en la medida que fuera posible, estos sigan realizando el acompañamiento de un número mayor de denuncias.