A 4 años de la desaparición de Solsiret: las deudas del Estado con las familias de las desaparecidas
Los padres de la activista feminista temen que el caso quede impune. Ellos piden prisión para toda la familia Villanueva Castillo, mientras el fiscal Mansilla continúa con las investigaciones para pedir condena contra los implicados.
Si en este momento una mujer desaparece en el Perú, es probable que la encuentren muerta. En un escenario menos trágico, puede ser encontrada secuestrada, captada por una red de trata de personas o intentando escapar luego de haber sufrido una violación u otro tipo de agresión. Pero esas son solo posibilidades que los familiares imaginan mientras esperan que la Policía las halle.
Pistas importantes para dar con ellas pueden quedar en sus celulares, sobre todo en tiempos de emergencia, en los que aumentó el uso de la tecnología. Sin embargo, las empresas de telecomunicación tardan más de lo debido en entregar el reporte de geolocalización del teléfono de la desaparecida. En tanto, conforme el tiempo transcurre, aumenta la posibilidad de que quede impune el delito que explica la ausencia de una mujer.
Rosario Aybar y Carlos Rodríguez tuvieron que esperar 3 años desde que reportaron la desaparición de su hija Solsiret para que Entel les entregue este documento, que finalmente permitió dar con Andrea Aguirre, hoy investigada por homicidio contra la activista feminista. Recién en febrero de 2020 pudieron comprobar lo que siempre sospecharon: Solsiret nunca abandonó a sus 2 hijos ni a su novio Brian Villanueva, como lo afirmaron familiares de este y el policía Pastor Bocángel, detenido en marzo de este año bajo sospecha de no cumplir con sus funciones cuando acudieron a él para denunciar la desaparición de la estudiante.
Esos 3 años fueron claves para que los presuntos asesinos y cómplices puedan deshacerse de las pruebas que los incriminan y que actualmente el fiscal Mansilla recoge en medio de las limitaciones de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus.
“Hay un tema que a la Defensoría del Pueblo le parece importante: la entrega de la información de las empresas de telecomunicaciones dentro de las 24 horas (desde que fue reportada la desaparición), que está recogido en el Decreto Legislativo 1182. Pero lo cierto es que esta norma es letra muerta y el caso de Solsiret demostró eso porque el papá insistía en que ese teléfono no salió de determinado espectro y ahí hubo una dilatación en la entrega de información que es lo que pasa en otros casos de desaparición”, explicó Eliana Revollar, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
La Ley Solsiret propone que se entregue rápidamente este documento para que los policías puedan encontrar a las mujeres desaparecidas. Así, se aseguraría que las pruebas del delito se recojan en poco tiempo y las familias obtengan justicia.
Una herida que sigue abierta
Carlos, padre de Solsiret, teme que Brian Villanueva y su familia queden libres tras el asesinato de su hija. Asegura que ellos están involucrados en el crimen y confía en ello, pues inició una investigación por su cuenta desde el momento en que la activista desapareció.
“Yo investigué el caso. Cuando salió el resultado, ya había hecho la investigación. Yo tenía la certeza de eso (que Solsiret fue víctima de feminicidio). Me ha costado toda mi jubilación. (...) Estuve casi 3 años y medio buscando a mi hija hasta que la encontramos, hasta, como le dije al exministro Morán, encontré ángeles, que fueron las chicas de los movimientos”, contó.
La revictimización que Carlos y Rosario sufrieron por la desidia de la Fiscalía y la Policía Nacional causó que ambos teman que el Poder Judicial no condene a todos los sospechosos.
“No le deseo a ningún padre que pase por lo que pasamos nosotros y todavía seguimos porque mañana más tarde viene un juez y los deja libres. Yo no he enterrado a mi hija completa. Tengo dos nietos ahorita y estos malditos, porque seres humanos no son, todavía quieren reclamar derechos. Yo ya no estoy vivo. Yo estoy muerto. El día en que mataron a mi hija, me mataron a mí. Voy a esperar porque he hecho una promesa. Pero quiero la verdad. Las pruebas están”, agregó.
Edith Aiquipa, abogada del Centro Peruano de la Mujer Flora Tristán, comentó que, debido al estado de emergencia, recién hace dos semanas el fiscal Mansilla inició las entrevistas a la familia de los gemelos.
“Ya declaró la señora Yolanda, ya declaró Eder Villanueva, que es su hijo de otro compromiso. Se supone que este viernes (21 de agosto) iba a declarar el señor Alexander y su hijo Franco, pero ellos están en Áncash y por la cuarentena no pueden venir a Lima. Entonces, se está evaluando la posibilidad de tomarles su declaración por algún medio tecnológico. Es algo que evalúa el fiscal, pero él quisiera que la declaración se realice de manera presencial. También van a declarar este viernes los padres de Andrea”, dijo.
Para la abogada de la familia de Solsiret, la declaración de la madre de los hermanos Villanueva se contradice con lo revelado por Andrea y Kevin. “Hay situaciones difíciles de creer, como por ejemplo, que ella no se ha dado cuenta de nada pese a que el departamento es pequeño y ella vive ahí”, añadió.
Los padres de Solsiret esperan asistir a la diligencia más importante: la reconstrucción del presunto feminicidio, que se realizará en el departamento de la avenida Colonial. Allí se revelaría si la familia con quien convivía la activista encubrió el delito. “Ellos pensaron que nunca íbamos a encontrarla. Ahora tienen que justificar sus propias palabras todo lo que han dicho”, señaló Carlos.
Aún hay una deuda estatal
Durante el estado de emergencia, 915 mujeres desaparecieron. De ese total, el 70% eran menores de edad, según la Defensoría del Pueblo; sin embargo, no sabemos cuántas de ellas fueron halladas, pues no existe un registro de personas desaparecidas, pese a que debió estar listo hace 17 años.
“Estamos haciendo una sistematización de las notas de alerta. Pero hasta la fecha, por la falta de instrumentos, no se tiene información exacta de cuántas tienen la condición real de desaparecidas, cuántas han aparecido teniendo esa condición y en qué circunstancias y cuántas no califican en el rubro de desaparición a manos de terceros que puede ser alguien que huyó de su casa por alguna situación”, explicó Revollar.
Tras el caso Solsiret, se cambió el Decreto Legislativo 1428 para que los policías reciban la denuncia por desaparición sin esperar 24 horas.
También se elaboró un protocolo de atención para mujeres que antes de desaparecer denunciaron violencia. “Sin embargo, el enorme desafío que tenemos desde el Ejecutivo es que, desde los operadores de la Policía y los operadores judiciales, tengan una cabal comprensión de que este es un problema en el que se tiene que actuar con una diligencia estricta, echarse a la búsqueda inmediata, una investigación que tenga todos los estándares de la urgencia del caso.(...) Hay un enorme desafío por especializar, capacitar y sobre todo sensibilizar a las personas que están a cargo de ello, que en un primer momento es la PNP”, opinó.
Mientras tanto, los familiares de las desaparecidas esperan que en octubre de este año se cree el sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas, tal como lo anunció el primer ministro Walter Martos durante el pedido de voto de confianza al Congreso de la República.
