Poder Judicial impide que personas LGTBIQ accedan a justicia especializada
Para el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, esta población no vive en condición de vulnerabilidad a pesar de que se registraron 20 asesinatos contra ellos en 2019, según el Informe Anual del Observatorio de Derechos Humanos LGBT.
El Poder Judicial peruano suscribió el pacto internacional “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” para que personas con riesgo de sufrir graves delitos en su contra puedan acceder a la justicia de manera especializada.
El Consejo Ejecutivo, encargado de proponer la política general del Poder Judicial, aprobó la suscripción de este convenio, pero con la condición de que se excluya a las personas LGTBIQ+ como personas vulnerables.
PUEDES VER No más LGTBfobia: Facebook e Instagram eliminarán contenido que promueva las terapias de conversión
“Es grave que las personas LGBTIQ+ no podamos acceder a la justicia de forma especializada cuando nuestros derechos son vulnerados. Esto nos deja en total desprotección frente a la discriminación de operadores de justicia”, comunicó la asociación civil Más Igualdad Perú.
En la Resolución N° 002-2020-CE-PJ, se lee la decisión del Consejo Ejecutivo: “Aprobar la adhesión a la actualización de las ‘Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad’, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución; con excepción de la Regla N° 04 en el extremo que constituye como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género”.
El presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, juez supremo José Luis Lecaros, indicó que está en contra de que las personas gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, bisexuales y más se consideren población vulnerable porque “...biológicamente solo es admisible la existencia del género masculino y femenino” y porque “en condiciones normales, la orientación sexual solo puede ser de carácter heterosexual”.
Para Más Igualdad, ambas decisiones evidencian una intención para “retroceder años de lucha, ciencia y avance en derechos humanos, ya que es un hecho irrefutable que la orientación sexual es un espectro que se puede expresar como bisexualidad, homosexualidad y heterosexualidad de manera natural sin que se les considere enfermedades o patologías”.
Sobre todo porque en 2019 se registraron 20 asesinatos contra personas LGTBIQ+, según el Informe Anual del Observatorio de Derechos Humanos LGBT.
La jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia, pidió a Lecaros que vuelva a pensar su decisión, pues esta da a entender que se evaden “responsabilidades asumidas ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, además de vulnerar los principios rectores de igualdad y no discriminación, y el derecho fundamental de acceso a la justicia para la población LGTBQI (lesbianas, gays, trans, bisexuales, queer e intersexuales”.