Hospital Regional Lambayeque en riesgo por contrataciones directas sin aprobación

Coronavirus en Perú. En lo que va del estado de emergencia, el Hospital Regional Lambayeque (HRL) ha realizado 13 contrataciones directas que superan las 8 unidades impositivas tributarias (UIT). La mayoría de estos procesos fueron para comprar insumos médicos o pagar por nichos para sepultar a los fallecidos por COVID-19, cuyo monto sobrepasa los S/34,400.

Según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dichas adquisiciones directas deben ser aprobadas mediante acuerdo del Consejo Regional de Lambayeque (CRL), pero solo dos fueron aprobadas de las seis que el nosocomio ha enviado hasta el momento.

El director del HRL, Omar Tineo Carrasco, explicó que dicha situación provocará que los proveedores inicien acciones legales contra el hospital para exigir el desembolso del dinero, pues los productos o servicios ya fueron utilizados.

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Además, según el funcionario, también se corre el riesgo de un desabastecimiento de insumos médicos (mascarillas, overoles, mandilones, oxígeno, entre otros) e, incluso, de una nueva acumulación de cadáveres en el nosocomio.

“El riesgo es tremendo, (los cadáveres) que están en proceso de inhumación, si no pagamos nos van a suspender el servicio. Al igual que las entregas de los equipos de protección. Va a haber un desabastecimiento a todo nivel y eso es preocupante”, señaló Tineo.

En las últimas sesiones del pleno regional, cuatro compras directas no fueron aprobadas debido a que la mayoría de consejeros votó en abstención. El principal argumento fue que los expedientes fueron remitidos al límite del plazo, lo que reduce el tiempo para poder analizar cada una de las adquisiciones.

Asimismo, señalaron que en algunos de estos procesos se detectó presunta sobrevaloración, por lo que aprobar el expediente podría acarrear consecuencias legales.

Consultado al respecto, el director del nosocomio admitió que algunos expedientes fueron enviados al límite del plazo por la demora en la entrega del producto, pero que el “Consejo puede tomarse el tiempo que desee para analizarlo”. Los expedientes no aprobados suman un monto total de S/2 millones 322 mil 468, pero todavía queda pendiente de aprobar alrededor de S/1 millón 192 mil 630.

“Pido que verifiquen procesos, que planteen sus observaciones, porque la entidad técnicamente responsable es la OSCE. Si detectan que uno está mal, (la OSCE) tiene potestad sancionadora, pero el Consejo tiene que aprobarlo porque está en juego la salud en medio de una crisis sanitaria”, reiteró Tineo.