
Coronavirus. El inicio del estado de emergencia trajo consigo un sinfín de problemas en los penales del país. En Piura, tras una serie de denuncias que fueron recogidas por la Fiscalía, algunos funcionarios serán investigados por la comisión del supuesto delito de cohecho pasivo: cobraban hasta 2000 soles para agilizar el trámite de indultos presidenciales.
Al menos 15 denuncias fueron atendidas por la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú hasta el 23 de abril.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, iniciarán las diligencias contra Israel Cabada Vásquez, jefe del Órgano Técnico Penitenciario del Área Legal; Karla Olórtiga Zapata, jefa del Registro Penal; y otros.
Por su parte, el primero de la lista en ser citado, Israel Cabada, negó las acusaciones. “Recién me reincorporo a mis labores después de 28 días de descanso médico. Aún no me notifican, pero todo esto es una mentira. Cuando me citen daré mi descargo”, dijo a diario Correo.
El director del penal ex-Río Seco, Genaro Escamilla, en tanto, fue excusado por el subdirector, quien afirmó que se encontraba en una reunión, tal como lo citó el medio local.

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