Corte IDH declara responsable a Perú por torturas y violación sexual a persona LGTBI

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró responsable al Perú por torturas y violación sexual ejercidas por tres efectivos policiales hacia Azul Rojas Marín, persona miembro de la comunidad LGTBI.

La Corte determinó que el Estado peruano violó el derecho a la libertad personal de Rojas Marín, pues su detención “se basó en motivos discriminatorios, de modo tal que fue ilegal y arbitraria”.

“La República del Perú [es] responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Azul Rojas Marín”, indicó la Corte IDH a través de un comunicado.

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Este hecho sucedió el 25 de febrero de 2008. Azul Rojas Marín fue detenida sin motivo alguno por agentes policiales, quienes la golpearon mientras le gritaban e insultaban por ser una persona de la comunidad LGTBI. “Luego en la Comisaría de Casa Grande, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada”, señala el documento.

Al ser liberada, la víctima presentó una denuncia contra los policías, que luego de varias instancias fue desestimada, ordenando el archivo del expediente. Esa detención fue el inicio de una batalla legal de más de 12 años.

En su sentencia, la Corte reiteró que las personas LGTBI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, y que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, acotó que en la sociedad peruana existían en el momento de los hechos, y aún hoy en día, fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que “en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia”. “Estos hechos violentos en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales, incluyendo efectivos de la policía nacional, tal como ocurrió en el presente caso”, concluyó.