“En ningún momento les dije que se fueran”, la respuesta del gerente de La Panka

Negó todos los cargos. El gerente de La Panka, Jorge Mendoza Ríos, rechazó la acusación en su contra por discriminación. Esto luego de que una familia denunciara, mediante redes sociales, haber sido impedida de ingresar al local de comida ubicado en la Costa Verde.

En declaraciones a RPP, el fundador del restaurante desmintió que haya prohibido le ingreso de una familia, la cual tenía entre sus integrantes a una persona con discapacidad.

“En ningún momento les dije que se fueran. El señor, altaneramente, me dijo ‘sabes que tienes que mover tu carro’. Ellos ya habían ingresado. El señor se ofuscó dentro del restaurante. A la señorita que estaba en la puerta le dije ‘hazlos pasar’. Me apena que esta familia haya pasado por esto”, expresó Mendoza Ríos.

Preciso además que tiene pruebas de su accionar y que se acercó a conversar con la familia para calmar el momento. No obstante, el representante del local confirmó que sí le dijo al denunciante que “si no se sentía a gusto, podría ir a otro lugar”.

Mendoza Ríos también reconoció que estuvo en falta al estacionar su vehículo en una rampa de acceso para persona con discapacidad física.

“Reconozco haber estado en falta. Haberme cuadrado en una zona rígida, sin importar los motivos por los cuales yo pueda justificar. Le expliqué al señor, él estaba alterado, los motivos por lo que estaba allí", comentó a RPP.

Como se recuerda, según la denuncia de José Carrión Cabrera publicada en Facebook, al momento de llegar al local junto a su madre se encontró con la zona rígida bloqueada por una camioneta BMV de placa AXU-399 que impedía el uso de la rampa para personas con discapacidad.

La fundadora de La Panka aclaró que el gerente denunciado es su exesposo. Aseguró que apoyará a los perjudicados.

Cierran restaurante de la Costa Verde

La Panka suspenderá su atención luego de la denuncia por discriminación efectuada en redes sociales.

“Hemos procedido a retirar al local de la costa verde Panka Bordemar de nuestros locales afiliados a la cadena , continuaremos las acciones correspondientes legales contra el responsable directo el gerente de esta franquicia, el señor Jorge Mendoza Ríos”, señalaron a través de un comunicado oficial.

La Panka Costa Verde: multa por denuncia de discriminación ascendería a s/1.93 millones

El sábado pasado, José Carrión Cabrera denunció actos de discriminación contra personas con discapacidad en el restaurante Panka Bordemar, local de la franquicia La Panka en la Costa Verde. Según el Indecopi, la sanción podría llegar a ser de hasta S/ 1.93 millones.

El Indecopi aseveró que tiene abierta una investigación de oficio para esclarecer el caso que denuncia al gerente del local, Jorge Mendoza Ríos.

La entidad fiscalizadora apuntó que si Jorge Mendoza es encontrado culpable del delito, el local podría recibir una multa de 450 Unidades Impositivas Tributaras (UIT), que ascienden a S/ 1.93 millones.

Las sanciones que la ley peruana contempla para actos de discriminación

La discriminación, lamentablemente, es una de las taras más arraigadas de nuestra sociedad. El caso más reciente y mediático fue el que ocurrió en el restaurante La Panka Costa Verde, donde el dueño del local impidió ingresar a su establecimiento a una familia pese a tener consigo a dos personas con discapacidad.

Solo en el año 2019, la Fiscalía recibió 526 denuncias por discriminación, representando un incremento de 195 casos con respecto al 2018. Ante este aumento progresivo de acusaciones legales, queda la siguiente interrogante: ¿qué sanciones contempla la ley peruana contra estos actos?

El Código Penal del Perú tipifica la discriminación como un delito. En su artículo número 323 indica que se debe sancionar esta conducta cuando hay un acto de distinción racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política, condición económica o “cualquier índole”.

La pena por discriminar a alguien oscila entre los dos y tres años de cárcel efectiva. Asimismo, puede estar acompañada de la imposición de prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas.