Luis Cervantes Liñán vuelve a ser rector de la UIGV pese a serios cuestionamientos

Volverá al cargo pese a los serios cuestionamientos en su contra. La Asamblea Universitaria de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) decidió dejar sin efecto la suspensión temporal de su rector, Luis Cervantes Liñán, medida que se ejecutó –en octubre pasado– luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informara que este permitió el uso de activos y excedentes para fines distintos a los universitarios durante el periodo 2016-2017.

De esta manera, la Asamblea Universitaria de la UIGV dio por concluido el encargo del vicerrector académico Ramiro Gómez Salas, quien era el rector interino, y volvió a reconocer a Cervantes Liñán que lleva 15 años en el cargo y que ha sido denunciado por ganar más de dos millones mensuales.

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Esta decisión, según la Asamblea Universitaria, se dio luego de que se extinguiera el proceso administrativo sancionador de la Sunedu.

No obstante, fuentes de la Sunedu precisaron que eso no ha ocurrido, por lo que se espera su pronunciamiento.

Al respecto, el vocero del sindicato de trabajadores administrativos de la UIGV, Armando Venegas, exigió la intervención inmediata de la Sunedu, a fin de que nombre como rector al docente más antiguo de la universidad. “Ya no tenemos licenciamiento y Cervantes y su familia quiere seguir agravando la situación”, reclamó.

Se debe indicar que la UIGV deberá cerrar en los próximos dos años luego de que la Sunedu le denegara el licenciamiento institucional.

Asimismo, en diciembre pasado, La Republica informó que la Sunedu interpuso una multa de 8 millones 929 mil 525.32 soles por usar sus activos y excedentes para fines distintos a los universitarios y a la mejora de la calidad educativa, durante el periodo 2016-2017.

Así se comprobó, según la Superintendencia, que la UIGV otorgó remuneraciones y bonificaciones a autoridades y funcionarios, sin un sustento objetivo y pese a la situación de déficit en la que se encontraba; auspició actividades que no estaban vinculadas a un fin universitario; y financió viajes a favor del rector y otras autoridades que no tenían un fin universitario.

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También detectó que la universidad asumió gastos por consumo con tarjetas de crédito no vinculados a un fin universitario, pagó a proveedores sin acreditar la ejecución de los servicios contratados, y utilizó vehículos de su propiedad para fines distintos a los universitarios.

Por eso, en diciembre, la Superintendencia ha ordenado, entre sus medidas, iniciar el proceso de vacancia de Cervantes y suspenderlo de sus funciones hasta que culmine; y evaluar la pertinencia de iniciar un proceso de despido. También plantea que se inicien procesos civiles o penales que correspondan por el daño patrimonial ocasionado a la universidad.