De Clorinda hasta Katty: los rostros de las 166 mujeres asesinadas este año

Por: Jesica León

"Si tú me mandas preso, yo te mato y a todos mis hijos".

Eduard Ramos Chuquimantari lanzó esta amenaza a Katty Ríos Alfaro el día que ella decidió denunciarlo por violencia, en la comisaría de La Merced.

El viernes 27 de diciembre cumplió su terrible amenaza. Esa madrugada asesinó a Katty Ríos mientras ella dormía.

Días antes, Katty pidió ayuda a las autoridades, pero no fue escuchada. Incluso le contó a su madre, Julia Alfaro, que los policías se burlaron de ella. “Mamá, he ido a la Policía y no me hacen caso. Me dicen eres ociosa, no habrás cocinado, no habrás lavado, por eso tu marido te pega”, le contó.

Katty se convirtió así en la víctima N° 166 de la violencia machista este año, la cifra más alta de la última década.

Y nada parece frenar esta ola de violencia que atraviesa el país y que inició junto con el 2019, en Tacna. El 1° de enero, cuando los hogares iniciaban el año, una noticia los llenó de indignación. En Tacna, Clorinda Laura Bonifacio era asesinada por su esposo Calixto Charaña.

La mató a golpes, como hizo el 11% de feminicidas este año. ¿Y cómo murieron las otras mujeres? En la mayoría de casos, por estrangulamiento (29%), acuchillamiento (23%), golpes (11%), disparos con arma de fuego (15%), envenenamiento (4%) y quemaduras (3%).

Acceso a la justicia

La sensación de impunidad crece ante la falta de apoyo de los operadores de justicia. Y es que a pesar de los 166 feminicidios registrados y más de 330 tentativas, solo 92 agresores han ingresado a prisión.

Según la ministra de la mujer, Gloria Montenegro, de los feminicidios registrados este año solo uno ha recibido sentencia. “En los penales, casi el 50% de acusados de feminicidio no tiene sentencia”.

“Todos los actores son importantes, desde la Policía en el llenado de la evaluación de riesgo. Si esa ficha no es bien llenada, todo el proceso se desvirtúa”, dijo Montenegro.

Los hechos parecen darle la razón a la ministra. El 22 de diciembre, Jéssica Tejeda y tres de sus hijos fueron asesinados a una cuadra de la comisaría de San Cayetano, en El Agustino.

No sirvieron de nada los pedidos de auxilio de los vecinos. Y no es el único caso.

En noviembre, la abogada Maribel Barrera Loja fue asesinada en su vivienda ubicada a la vuelta de la comisaría de Huacho. Había pedido garantías para su vida, pues su expareja Cristóbal Minaya Araujo la hostigaba y amenazaba.

La mujer tuvo que cambiar de domicilio hasta en cuatro oportunidades, pero su agresor siempre la encontraba. La abogada eligió mudarse cerca de la comisaría, donde creyó estar más segura, pero su expareja la halló y asesinó dos horas antes de que llegara la notificación del Poder Judicial a la comisaría de Cruz Blanca otorgando las garantías solicitadas por Maribel.

La vivienda de la mujer debió estar vigilada desde el 21 de agosto, fecha que el Primer Juzgado de Familia de Huaura emitió la resolución, pero el documento fue notificado tres meses después, cuando Maribel ya estaba muerta.

Ahora bien, ¿por qué se reportaron más casos este año y por qué se dan con mayor crueldad? Nancy Tolentino, directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, responde: “Hoy estamos enfrentando un momento en el cual muchas mujeres deciden vivir libres de violencia. Y hay hombres que no admiten ese derecho de la mujer a quien consideran de su propiedad. Por el machismo, por patrones culturales arraigados en su mentalidad, no están permitiendo esa libertad”, asegura.

Un cambio de mentalidad en la población es el antídoto para luchar contra la violencia, explica Tolentino, quien destaca que el feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencia. “Los niños son criados con violencia. Todos debemos aprender a vivir sin ejercer ni permitir violencia; todavía el Perú es un país tolerante a la violencia”.

Tolentino se refiere a los resultados de la Encuesta Nacional de Responsabilidad Social del INEI, según la cual más del 52% de entrevistados está de acuerdo con que una mujer sea disciplinada cuando no cumple con su labor de madre o esposa.

"Nada justifica la violencia, eso es una transformación cultural y eso no se da de la noche a la mañana", agrega.

Para la constitucionalista y experta en derechos de las mujeres, Beatriz Ramírez Huaroto, ahora se ve más ferocidad en los casos "porque las mujeres están diciendo basta ya y denuncian. Cuando tienes a alguien que se defiende es probable que los niveles de violencia se incrementen ".

Problemas en el sistema

¿Y qué pasa con el sistema de justicia? ¿Por qué no hay sentencias firmes? Para la Defensoría del Pueblo, la inadecuada atención y la falta de sensibilidad de policías, fiscales y jueces afectan los procesos.

“Hemos visto casos en que la Policía no recibe la denuncia, se demora en la notificación; un juez se demora en calificar un expediente, las medidas de protección no se dan; el fiscal archiva el caso porque no ve pruebas. Simplemente, el mensaje a la sociedad es que es un sistema fallido y la mujer que va a buscar esa justicia es una que se convierte en víctima ya no de su agresor directo, que es un varón, sino de un Estado que no está respondiendo oportunamente y con eficacia”, explica Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

Un ejemplo de esta lentitud e indiferencia de las autoridades se vio también en el caso de Stefany Flores Mendoza, joven de 20 años, asesinada por su expareja en San Martín de Porres luego de que solicitara garantías para su vida. Ella fue la víctima N° 50.

La abogada Beatriz Ramírez explica que los fiscales no usan el ‘proceso inmediato’ en casos de feminicidio y la mayoría prefiere emplear el ‘proceso regular’.

El proceso inmediato es un proceso judicial rápido que puede ser empleado cuando se tienen las pruebas suficientes como la confesión del agresor, como en el caso de El Agustino con el feminicida Juan Huaripata, quien aceptó haber matado a Jéssica Tejeda y a sus tres hijos.

Por otro lado, en el Poder Judicial hay una resistencia de los magistrados a usar el tipo penal de feminicidio a pesar de que tiene 5 años de creación, porque consideran que está mal escrito y que no se puede matar a una mujer por su condición de género.

"Hay jueces que se pasean por el país dando charlas en contra del delito de feminicidio o que enseñan en la Academia de la Magistratura contra el delito de feminicidio, entonces no puedes esperar que el sistema de justicia lo aplique bien", señala Ramírez.

Frente a ello, el MIMP informó que está capacitando a los operadores de justicia para que intervengan conociendo la ley y con enfoque de género.

"El sistema de justicia tiene que reaccionar, la Ley 30364 es integral, todos y todas tenemos la responsabilidad de cambiar este panorama tan doloroso", insiste Nancy Tolentino.

El sector Mujer ha capacitado a 50 mil dirigentes comunales para ser agentes de cambio en el tema de violencia.

También se ampliaron los servicios de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional. La línea 100 recibió más de 91.380 llamadas. Asimismo, 23.445 hombres han sido parte del programa ‘Hombres por la igualdad’. Pero ello no servirá si no hay un cambio cultural de todos los actores.

Las cifras

- 100 mil mujeres buscaron apoyo en los CEM, pero menos de 700 lograron sentencias, según la Defensoría.

- 8 mil mujeres están en riesgo severo de ser víctimas de feminicidio.

- 51 % de agresores tienen entre 30 y 59 años.