Arequipa: Ratifican sentencia contra dos candidatos al Congreso
Los postulantes al Congreso, Daniel Muñoz y Mario Melo, tendrán que apelar sentencias. Regidores y el exalcalde provincial, Alfredo Zegarra, también fueron sentenciados.
Mónica Cuti
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa confirmó la sentencia en primera instancia contra los exregidores Daniel Muñoz y Mario Melo. Ambos postulan al Congreso por los partidos Alianza para el Progreso y Somos Perú, respectivamente. Se les condenó a cuatro años de pena suspendida por el delito de otorgamiento ilegal de derechos.
La sentencia también alcanzó a otros exregidores de la comuna provincial, funcionarios del Instituto Municipal de Planeamiento y al exalcalde provincial Alfredo Zegarra.
Todos fueron acusados de aprobar en 2016 indebidamente el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), cuando este no cumplía con los requisitos necesarios para ello. Además, se detectó que ponía en riesgo gran parte de la campiña por cambiar el suelo de uso agrícola a urbano.
La resolución de la sala, si bien confirma el fallo de primera instancia, emitido en marzo de 2019, aún no es firme.
Jorge Mamani, especialista en derecho electoral, explica que los sentenciados aún pueden recurrir a la Corte Suprema con un recurso de casación. Es por ello que no se puede hablar todavía de una sentencia firme.
Ante este escenario, es poco probable que los candidatos sean retirados del proceso electoral.
La sentencia, además, los inhabilita por tres años para ocupar cualquier cargo público. Ante ello, Daniel Muñoz, que es regidor provincial y candidato, deberá ser retirado del consejo por parte del jurado. La misma suerte la correrán Pedro Santos Quispe y Willy Hano. Esta decisión debe discutirse en sesión de concejo.
PUEDES VER: Aumento de sueldos ilegales y funcionarios sin perfil en Municipio Provincial de Arequipa
PDM debe ser modificado en 30 días
El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) se realizó para crear parámetros urbanísticos de la provincia de Arequipa, su aprobación en 2016 fue cuestionada.
La Fiscalía del Medio Ambiente refirió que el documento permitía que se depredara la campiña.
Ayer la Primera Sala Penal de Apelaciones ordenó que, en un plazo de 30 días, sea revisada y modificada, también que se ajuste a la normativa vigente. La comuna debe realizar esta labor.
