La Defensoría del Pueblo pidió que se implemente lo más pronto posible el sistema de transporte urbano a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las municipalidades de ambas regiones.
Aseguraron que la demanda de los pasajeros supera la capacidad de oferta del transporte formal. Por ello, sugirieron que se autorice el servicio compartido de los taxis formales por rutas fiscalizadas.
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El sistema pendiente debe interconectar todas las formas de transporte terrestre, incluyendo las vías principales con las rutas alimentadoras presentes en los 50 distritos de ambas jurisdicciones.
Según la Defensoría, cerca de 635 000 personas en Lima y Callao utilizan el taxi colectivo todos los días para ir a trabajar o estudiar. La ausencia de transportes formales, fiables y satisfactorios causó que los pasajeros prefieran este servicio.
Alicia Abanto, adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, explicó que la erradicación del transporte ilegal no desaparecerá la necesidad de la población de viajar en transportes de forma cómoda y eficiente.
Instaron a las autoridades que fiscalicen constantemente a los conductores de taxis compartidos para que sepan que cuentan con los permisos requeridos para ofrecer el servicio.