Fiscalía investiga a gobernador regional de Piura

El gobernador regional de Piura, Servando García Correa, se encuentra en el ojo de la tormenta tras iniciársele una investigación preliminar en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por los delitos de negociación incompatible, peculado, nombramiento y aceptación indebida de cargo público.

Según la denuncia interpuesta por la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, el pasado 2 de setiembre, la designada gerenta de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), Rosa Martínez, no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo.

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De acuerdo a los hechos materia de investigación, la implicada debería ser ingeniera agrícola y/o agrónoma, industrial o similar con colegiatura y habilidad vigente, pero no abogada con licenciatura en Ciencias Sociales y Educación.

Además debe tener experiencia general profesional de ingeniero agrícola y/o agrónomo, industrial o similar en el sector público y/o privado, como mínimo 7 años, así como 5 años en el desempeño de funciones similares.

Se indica que debe contar con capacitación en gestión pública, en producción agropecuaria y/o forestal, y/o riego, y/o saneamiento físico legal en tierras, conforme se puede verificar del Manual de Clasificación de Cargos del Peihap, comparado con el currículum vitae de Rosa Martínez que sirviera para su propuesta y designación.

De esta manera, se señala que el gobernador habría incumplido el artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) al suscribir la designación de Rosa Martínez en el cargo antes mencionado.

En estas indagaciones de la Fiscalía también se considera al gerente general regional y presidente del Consejo Directivo del Peihap, Jesús Torres Saravia, por consentir la designación de la funcionaria. Asimismo, están implicados los integrantes del Directorio que habrían vulnerado el Manual de Operaciones del Peihap y no haber supervisado la designación, y el gerente general del proyecto, Manuel Vega, por incumplir sus funciones.

La Fiscalía ha otorgado un plazo de 60 días para que se lleven a cabo las indagaciones.