Exigencia de pasaporte y visa podría aumentar redes criminales de “coyotes”

Por Carlos Contreras Chipana

Si bien, por motivos de seguridad nacional, el Gobierno tiene la potestad de exigir pasaporte y visa humanitaria para los ciudadanos venezolanos, también debe evaluar las consecuencias que podría generar esta política migratoria restrictiva, advirtió la Defensoría del Pueblo, la misma que señaló que, por ejemplo, podría incrementar el accionar de los ‘coyotes’ o las redes criminales que se aprovechan de la necesidad de los extranjeros para concretar el tráfico ilícito.

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Según el informe “Tratamiento Penal del Tráfico Ilícito de Migrantes en el Perú: avances, desafíos y retos”, el Perú es un país de tránsito para foráneos que desean llegar a Brasil, Chile, EEUU y Europa. No obstante, con la migración venezolana también ya es un país de destino. Debido a ello, en los últimos meses ha incrementado este delito.

Rutas ilegales

En el 2017, según la Defensoría, se reportaron 858 casos de tráfico de personas y 253 investigados o condenados, sobre todo choferes que trasladaban a extranjeros a través de rutas ilegales hacia el Perú. Estas cifras se han disparado en el 2018.

En la actualidad, existen varias modalidades en las fronteras del Perú. Por ejemplo, en Tumbes y Piura, diversos taxistas de forma independiente o ‘coyotes’ trasladan a los extranjeros por caminos o trochas donde burlan los controles migratorios.

Ya adentro, en el Perú, algunos se quedan y otros continúan su viaje hasta Madre de Dios, donde los hacen cruzar a Brasil por la zona fronteriza de Iñapari-Asís.

También los movilizan a Tacna y los hacen cruzar por el desierto chileno de Chacalluta (zona de minas antipersonas). Sin embargo, los ‘coyotes’ operan, principalmente, en Lima, donde falsifican documentos para que los migrantes puedan salir a EEUU o Europa a través del aeropuerto Jorge Chávez.

“Ahora las redes criminales, que se hacen cargo del transporte, hospedaje y documentación adulterada, están respondiendo a esta migración venezolana que es más grande que la vivida hace unos años con los haitianos”, señala el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo.

Por ello recomendó a la Policía, a la Fiscalía y al Poder Judicial adoptar acciones conjuntas para prevenir, investigar y sancionar de forma efectiva a los responsables, así como para proteger a las víctimas de esta situación.

Acciones de la PNP

Al respecto, el general PNP Raúl del Castillo Vidal, de la Dirección de Investigación del Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, dijo que las fiscalías que revisan las capturas de los choferes no son especializadas. “Los conductores son la punta del iceberg, pero en vez de ser detenidos los sueltan por una inadecuada investigación, porque los jueces tampoco están capacitados. Hace poco desarticulamos una red de ‘coyotes’ tras un año de trabajo y estamos tras los pasos de otras tres”.