El Perú será denunciado ante el Comité contra la Tortura por el caso Yefri Peña
Sin justicia. En el 2007, activista trans sobrevivió a un brutal intento de homicidio. Once años después, el caso está a punto de prescribir en instancia nacional por la falta de diligencia de la PNP y la Fiscalía. Esta última desestimó denuncia por tortura.
— ¿Cómo es vivir en un país en el que estás constantemente expuesta a sufrir agresiones?
— Tienes que estar alerta a todo lo que te pueda suceder. Estás siempre con temor, con inseguridad. Vives a la defensiva. No puedes caminar libremente.
Yefri Peña, una activista trans femenina, siente que vive amenazada. En cualquier momento y en cualquier lugar, alguna persona motivada por el odio podría hacerle daño. La transfobia mata. Ella lo sabe, porque es una sobreviviente.
“Es una palabra fuerte, pero es la realidad con la que una vive. Yo no quise ponerme ese título: sobreviviente. Yo sobreviví a un intento de homicidio, a la tortura”, relata.
La violencia ocurrió la madrugada del 27 de octubre del 2007, cuando cinco sujetos la agredieron con brutalidad para causarle dolor, para asesinarla.
Ensangrentada, Yefri Peña Tuanama logró pedir ayuda a dos policías –Henry Gamboa Huamán y José Ybias Altamirano–, quienes prefirieron permitir y observar cómo la golpeaban y le cortaban los brazos, la espalda, el rostro.
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Yefri siente que en el Perú las instituciones no la protegen. Por el contrario, es claro que la discriminan y la excluyen. En el 2010, el Poder Judicial sentenció a los dos agentes por “omisión o retardo injustificado de apoyo policial”. El agraviado fue el Estado peruano y ella, que es la verdadera víctima, participó como testigo.
Han transcurrido 11 años desde el ataque y todavía no se conoce la identidad de los agresores, los policías que lo permitieron siguen libres y el caso está próximo a prescribir. En suma, la impunidad es total.
Yefri sigue esperando justicia, pero su espera no es pasiva, pues ha decidido llevar su caso a las instancias internacionales. Brenda Álvarez, coordinadora legal de la ONG Promsex y litigante en este proceso, anunció que se presentará una “queja internacional” contra el Estado peruano ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU).
La abogada espera que el escrito se formalice todavía en mayo de este año. La defensa de Yefri solicitará una “reparación integral” no solo por las lesiones que le causaron, sino por el evidente retraso en la administración de justicia.
El objetivo es que el Comité ordene también que el Estado peruano investigue la agresión a Yefri y que se castigue, por fin, a los responsables.
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El caso
En el 2015, Yefri presentó una denuncia por tortura que recayó en el despacho de la fiscal Marcelita Gutiérrez Vallejos, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial. Años después, en setiembre del 2018, la titular de la acción penal desistió de realizar la acusación y decidió que se inicie otro proceso por “lesiones graves”.
Esa decisión fue ratificada por el fiscal Luis Landa, de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, con lo que se agotaron las instancias judiciales internas. Esto significa que la nueva investigación por “lesiones graves” debería pasar por todas las instancias antes del 27 de octubre, fecha en que prescribirá el caso. La experiencia enseña que el Poder Judicial no resolverá el caso con prontitud.
Para Álvarez, la decisión de los fiscales no se justifica.
Protocolo de estambul
Según explica, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, una especie de manual para investigar la tortura, el caso de Yefri califica como tal.
“El Estado tuvo que haber previsto la agresión, tuvo que haber investigado y sancionado a los responsables en las oportunidades que tuvo para hacerlo. El Estado ha fallado en todas sus instancias”, concluye la abogada de Promsex.
Yefri solo espera vivir sin miedo.
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La clave
- Yefri volvió a ser agredida el año pasado y, como ella, la comunidad LGTBI sufre ataques de toda clase con mucha frecuencia. El Estado peruano no tiene cifras oficiales que den cuenta de la magnitud del problema, lo que tampoco permite diseñar políticas adecuadas.
