La Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, en Cajamarca, determinó que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama Lilia Paredes por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica.
“Acumular la presente carpeta fiscal 313-2022 a la carpeta fiscal N.° 126-2022. En consecuencia, archívese los actuados en el modo y forma de ley”, se sostiene en la resolución compartida por RPP.
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Como se recuerda, hace seis meses, el Ministerio Público inició una investigación contra el jefe de Estado y su esposa debido al presunto plagio de su tesis para obtener el grado de magíster por la Universidad César Vallejo (UCV). De acuerdo con una denuncia periodística, el trabajo de investigación de la pareja presidencial tenía un 54% de plagio.
Frente a ello, el mandatario negó haber incurrido en las faltas anteriormente mencionadas y emitió un comunicado en el cual rechazaba los hallazgos del reportaje, al que calificó como “malintencionado”. Asimismo, declaró que “el trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos”.
La comisión de la UCV concluyó que la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes tiene “un aporte de originalidad”. Foto: composición LR / Jazmín Ceras
En su momento, el presidente Pedro Castillo sostuvo que la denuncia periodística por presunto plagio era de “tinte político” y era parte de un plan que buscaba desestabilizar al Gobierno.
“No he copiado ni adjudicado autoría de terceros, tal y como de forma irresponsable pretenden hacer creer a la población. Algunos medios de comunicación insisten en manchar mi honra y socavar la legitimidad que me otorgó el pueblo peruano en una elección transparente y democrática”, dijo en mayo de este año.
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El jueves 8 de septiembre, Castillo Terrones acudió a la sede del Ministerio Público para declarar ante la fiscal provincial de Cajamarca, Nury Marín Reyes, en el marco de la investigación por el supuesto plagio de su tesis de maestría, así como por el presunto cobro indebido en agravio del Estado y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).